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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, manifestó anoche que su partido está en favor de una reforma constitucional que evite que prescriban luego de 10 años los delitos de enriquecimiento ilícito cometidos por funcionarios del Estado, para poder incluir ese punto en la Ley de Extinción de Dominio, recientemente modificada.
Martínez dijo que el secretario general del FMLN, Medardo González, y el partido acompañan esa propuesta.
“En la convención del partido (el domingo), para mí fue uno de los mensajes más importantes de nuestro secretario general. Ese es el punto, hay que ponerle el cascabel al gato y reformar el Artículo 240 de la Constitución”, dijo Martínez.
El titular del MOP afirmó que mantener la ley como estaba antes de la reforma es engañar a la gente porque da pie a la presentación de recursos de inconstitucionalidad que pueden hacer fracasar procesos de extinción de dominio abiertos por la justicia. “Hay que hacer una reforma constitucional, en contra de todos los ilícitos que afectan la hacienda pública, yo estoy y estuve siempre por la imprescriptibilidad de esos delitos. De lo que se trata es de que estos delitos sean imprescriptibles, pero eso está tratado en la Constitución, por consiguiente hay que reformar la Constitución”, explicó durante el programa Debate de canal 35.
Pero a la par de esa reforma, señaló, debe aplicarse el principio de “pronta y cumplida justicia” que no permitan darle largas a los casos de enriquecimiento ilícito y que los bienes robados al Estado sean devueltos.
Martínez manifestó que la reforma a la ley de Extinción de Dominio que se aprobó la semana pasada en la Asamblea Legislativa, era necesaria porque tal como estaba viola el artículo 240 de la Constitución que prohíbe enjuiciar y despojar de propiedades a exfuncionarios a través de dicha ley.
Tal artículo establece claramente que “los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”.
En su boletín de mayo de 2013 titulado “Elementos necesarios para una adecuada Ley de Extinción de Dominio”, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señalaba que “es necesario evitar disposiciones claramente inconstitucionales, como las presunciones de ilicitud en la tenencia de los bienes”.
El fiscal general, Douglas Meléndez, calificó la semana pasada como “tregua para corruptos”, la Reforma a la Ley de Extinción de dominio aprobada con los votos de los partidos FMLN, GANA más un voto del PCN y otro de ARENA.
Pero el titular del MOP manifestó que habría que escuchar la explicación del fiscal Meléndez sobre esa frase y a quién aplicaría la tregua. “Tregua para los corruptos es lo que hubo aquí, (por) décadas y décadas”, señaló.
Relató el ministro y exdiputado del FMLN que cuando tuvo lugar la operación bancaria que permitió el desvío de $15 millones donados por el Gobierno de Taiwán hacia cuentas del partido ARENA, ese movimiento financiero en bancos de El Salvador, Costa Rica y Bahamas, activó en Estados Unidos el denominado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) pero no sucedió lo mismo en El Salvador cuando, por procedimiento legal, también debió activarse. “Qué curioso, ahí se expresó el régimen de impunidad”, afirmó.
Martínez dijo que ARENA nunca quiso aprobar durante sus años de gestión en el Gobierno una Ley de Transparencia y hubo una fuerte lucha para que el Estado ratificara la Convención Latinoamericana contra la Corrupción que aquellos gobiernos no la querían ratificar y que finalmente se ratificó en 1997, señaló.
Una resistencia similar se produjo en el caso de la ley contra el lavado, aseguró Martínez. “La lucha contra el lavado de dinero venía probablemente antes de 1994, pero aquellos gobiernos se habían negado completamente a que hubiese una ley contra el lavado y otros activos. En 1997 yo presenté una iniciativa de ley”, afirmó.
En el caso de la ley de transparencia, dijo el ministro, ARENA mantuvo un bloqueo férreo a su aprobación durante los gobiernos areneros porque querían seguir manteniendo la opacidad en sus administraciones. “En 2008 yo presenté (a la Asamblea Legislativa) la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (pero) ARENA nunca presentó ninguna propuesta”, sostuvo Martínez.
Por otro lado, el ministro manifestó que el proyecto Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitano de San Salvador (SITRAMSS) está pendiente de una resolución de la Sala de lo Constitucional porque tal como está, se vuelve insostenible para su funcionamiento en el futuro.
