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Mirna Jiménez
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El diputado del FMLN, Calixto Mejía, rechazó anoche los cuestionamientos por el respaldo de su partido al expresidente de la República Mauricio Funes e invitó a legisladores de ARENA a crear una comisión de la verdad que investigue presuntos actos de corrupción ocurridos durante los cuatro gobiernos que dicho partido estuvo en el poder.
“Creo que es necesario, y debería de ser un punto de agenda, conformar una comisión de la verdad para que regrese todo el dinero que se robaron en los gobiernos de ARENA, conformemos una comisión de la verdad con ese propósito”, dijo Mejía durante el programa Debate de Canal 35.
Mejía puso como ejemplo declaraciones recientes del embajador de Taiwán en El Salvador, quien recalcó que los fondos que fueron entregados al expresidente Francisco Flores, que luego financiaron la campaña electoral del partido ARENA de 2004, eran para los damnificados de los terremotos de 2001. “Sin embargo, ARENA ha reconocido que fueron a parar a ese partido”, señaló.
Sectores de izquierda han reclamado la falta de acción de la justicia para investigar una serie de casos de presunta corrupción denunciados cuando llegó el FMLN al gobierno en 2009, que incluyen la malversación de dineros destinados a la construcción de hospitales y carreteras, la venta de bancos del Estado y de la empresa de telecomunicaciones ANTEL y la firma de contratos presuntamente amañados para autorizar la instalación de generadoras de energía eléctrica por parte del Estado entre otros casos.
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La diputada de ARENA, Margarita Escobar, rechazó referirse a ese tema. “La audiencia merece tanto respecto que ni siquiera me voy a molestar en reaccionar a la última intervención, no vale la pena”, dijo la legisladora, quien añadió que no quería entrar en acusaciones y contra acusaciones de corrupción.
Funes pidió asilo en Nicaragua esta semana, tras alegar que es un perseguido político en El Salvador, luego que en los últimos días fueran allanadas su vivienda y casas y locales de parientes, además de negocios del empresario Miguel Menéndez, quien fuera funcionario de su Gobierno.
Los operativos dirigido por la Fiscalía y apoyados por la PNC buscaban evidencias sobre el cometimiento de presuntos delitos de corrupción. Estas pesquisas se caracterizaron por un gran despliegue de policías y decomisos de enseres personales de Funes y de sus parientes que desde muebles hasta juguetes de niños y zapatos, cuyas imágenes fueron facilitadas y divulgadas masivamente en redes sociales por la misma FGR.
El expresidente Funes acusa a magistrados de la Sala de lo Constitucional de haber seleccionado de manera arbitraria y con claras intenciones políticas, las declaraciones de probidad de él y de un grupo de exfuncionarios de su Gobierno y aliados del FMLN, mientras estos mismos jueces, denuncia Funes, se han resistido a indagar los patrimonios de exfuncionarios de administraciones areneras entre las que se encuentran la exvicepresidenta y actual diputada Ana Vilma de Escobar, y exministros de la administración Flores, como Miguel Lacayo, Juan José Daboub, María Eugenia Brizuela de Ávila, Guillermo Sol Bang y Carlos Quintanilla Schmidt, entre otros.
Estos funcionarios, incluyendo al expresidente Flores, nunca fueron auditados luego que la Corte Suprema, atendiendo una solicitud de un grupo de banqueros, quitara la potestad a la sección de Probidad de la CSJ para investigar las declaraciones de patrimonio y para acceder a las cuentas bancarias de los exintegrantes del gobierno. Para quitar las atribuciones a la sección de Probidad, bastó con una carta enviada por los bancos a los magistrados, que tomaron la decisión por mayoría.
Las potestades fueron devueltas a Probidad hasta el 2014, pero los exfuncionarios que se salvaron de ser auditados, no se han mencionado como objeto de investigación patrimonial en la actualidad, según el expresidente, lo que le ha llevado a concluir que hay una persecución con móviles políticos en su contra.
Hasta la fecha, la Sala de lo Constitucional, a través de Probidad, se ha limitado a abrir expedientes de figuras de segunda línea del partido ARENA, como el caso del diputado por Cabañas, Carlos Reyes.
El diputado Mejía criticó ayer a los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Edward Sidney Blanco a quienes acusó de violar los principios fundamentales de la Constitución de la República la cual establece que “la construcción de una sociedad más justa es escencia de la democracia”.
Sin embargo, según el efemelenista, estos cuatro magistrados le han negado al pueblo una serie de beneficios sociales, debido a su bloqueo contra varios decretos y medidas administrativas para financiar al Estado, incluyendo los $900 millones en bonos.
“Ustedes han emitido desde 2013 para acá, resoluciones que le han negado al pueblo salvadoreño $664.3 millones, más los $900 millones que declararon inconstitucional. No se vale de parte de ustedes ir en contra de lo que establece el artículo 2 de la Constitución donde dice que toda persona tiene derecho a la vida a la integridad física y moral, a la integridad, al trabajo”, afirmó.
Según Mejía, a eso fue a lo que se comprometieron los cuatro magistrados cuando fueron juramentados, pero que sin embargo, estos jueces “están asfixiando al gobierno y están atentando en contra de todos los programas sociales: paquete escolar, vaso de leche, alimentación”, además de los subsidios a la electricidad, el gas propano, agua potable, transporte público y programas como ciudad mujer, paquete agrícola, entre otros, señaló.
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