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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
César Artiga, representante del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, obtuvo la firma a la “Carta de Compromiso por la Adhesión al Acuerdo de Escazú en El Salvador” de los candidatos presidenciales de los partidos políticos Nuestro Tiempo, Vamos El Salvador y FMLN, en el marco de las elecciones del próximo año.
Con la firma se busca el compromiso de convertir este acuerdo de derecho internacional en una herramienta que contribuya al “diálogo social y político” en el cual las comunidades tendrían un participación directa y de consulta en materia ambiental. Además, de enfrentar de manera conjunta e informada los retos y desafíos que deparan los impactos vinculados al cambio climático.
“En el contexto de implementación del Acuerdo de Escazú, ya se están dando pasos para implementar de manera plena y efectiva entre los países que ya son Estados Parte, los cuales son 15, y lamentablemente El Salvador, no se ha adherido”, explicó César Artiga.
No obstante, señaló, que si bien el país no es “Estado Parte”, no significa que el Estado salvadoreño esté exento de responsabilidades a cumplir el marco de disposiciones y los principios que establece el Acuerdo de Escazú.
“Recordemos, Escazú viene de la Declaración de Río sobre ambiente y desarrollo y otros principios que son ya parte del derecho internacional y de tratados -de los cuales-, El Salvador, está comprometido como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, donde algunos principios también están en el Acuerdo de Escazú, o sea, ya hay obligaciones”, manifestó.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y abierto a firma desde 27 de septiembre del mismo año por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), y es el primer Tratado Regional Ambiental de América Latina y el Caribe, que entró en vigencia el 22 de abril de 2021, en el marco del “Día Internacional de la Madre Tierra”.
Sobre estas obligaciones internacionales, Artiga reiteró que existen compromisos emanados de otros convenios o tratados a los cuales se suscribieron, ratificaron o se adhirieron. Y uno de estos pactos está en la “Declaración de Río y el Principio 10 “, del cual es firmante y previamente aceptado en la Cumbre de la Tierra en 1992.
El Acuerdo de Escazú está abierto a 33 países en América Latina y el Caribe, para su adhesión. Actualmente, sólo 24 países lo han firmado, 15 lo han ratificado y uno lo ha adherido. Y sin firmar Bahamas, Barbados, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Artiga indicó que varios Estados parte están avanzando en medidas y creando hojas de ruta para diseñar la implementación nacional. Paralelo, se realiza una consulta pública abierta para conocer la opinión de la ciudadanía de los 33 países, “sean parte o no del Acuerdo de Escazú”, sobre el borrador del Plan de Acción Nacional sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, que daría vida y operatividad al artículo 9 del acuerdo.
“Todos estos procesos están en marcha y Escazú está avanzando; lamentablemente, El Salvador se está quedando atrás ante la negativa del gobierno actual. Sobre todo, porque no están escuchando la voz y llamado de la ciudadanía que está solicitando reconsiderar su posición en contra del Acuerdo y proceder a su pronta adhesión”, afirmó.
“El Equipo Nacional Impulsor del Acuerdo de Escazú ha elaborado diferentes materiales y diversos contenidos audiovisuales como opropuesta del porqué El Salvador debe de convertirse en Estado Parte. Hemos planteado una serie de considerandos llamando a la presidencia actual a un análisis sobre Escazú para El Salvador, desde varios puntos clave que identificamos”, reiteró Artiga.
En ese sentido, Artiga mencionó la relevancia que tiene el trabajar en la “Acción Climática Efectiva”, que son los vínculos de Escazú con los compromisos establecidos en el marco del Cambio Climático y en la Convención del Cambio Climático y, sobre todo, el Acuerdo de París, suscrito en el año 2015.
“En específico, con todo aquello que el Acuerdo de París, llamó: Acciones para el Empoderamiento Climático (ACE), que insta a los Estados a impulsar acciones contundentes en sus países en materia de formación y educación ambiental, en participación ciudadana en el diseño de las políticas las relacionadas con cambio climático”, manifestó.
“El Acuerdo de Escazú, precisamente, tiene en su corazón o núcleo la importancia de involucrar en todas las etapas, ámbitos y niveles, sobre todo, desde las etapas iniciales a la ciudadanía en la toma de decisiones en asuntos de medioambiente al potenciar la acción climática en nuestro países en el marco del llamado a la Justicia Climática” recalcó Artiga.
Sobre ese vínculo directo, mencionó también que esto permite que los países que tienen más responsabilidad en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, asuman su “deuda ecológica histórica”, frente a los países que están viviendo los impactos directos de cambio climático, que deben también hacer sus contribuciones en el marco de las responsabilidad comunes y diferenciadas.
La firma de la Carta Compromiso por la Adhesión al Acuerdo de Escazú en El Salvador, agregó Artiga, está abierta a todos y todas las candidatas que aspiran a la presidencia (2024-2029) y la legislatura (2024-2027) , que son cargos de elección popular.
El documento presenta en su propuesta de adhesión al Acuerdo de Escazú, el reconocimiento y afirmación de la “invaluable labor que realizan las defensoras y defensores del medio ambiente” quienes se encuentran en “primera línea de defensa de sus territorio”, los cuales, agregó, deben ser reconocidos por el Estado como sujetos de derecho.
“El órgano Ejecutivo debe aprobar la adhesión de El Salvador al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú”, añadió.
“Los diputados o diputadas electas deben apoyar y acompañar con sus votos a favor las acciones que tengan como resultado la adhesión de El Salvador al Acuerdo de Escazú, siguiendo los procedimientos al interior del órgano Legislativo”, detalló Artiga.
Sobre las garantías como Estado Parte, los funcionarios tendrán que comprometerse con los aspectos de información oportuna, comprensible y culturalmente apropiada en asuntos ambientales, además, la participación del público en el ciclo de las políticas públicas ambientales y cambio climático.
También conlleva a garantizar el acceso a la pronta y cumplida justicia en materia ambiental, y romper con patrones de impunidad que permiten el abuso a la normativa ambiental del país.
“Deben garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, y preservar un espacio cívico saludable para que estas personas defensoras y periodistas cuenten con un entorno seguro y propicio para el pleno ejercicio de su labor”, opinó.
“Deben elevar el nivel de compromiso y voluntad ética y política con el medio ambiente desde el aparato del Estado, fortalecer la institucionalidad pública y el marco de políticas públicas nacionales y reconocer la triple crisis planetaria que enfrentamos: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación ambiental”, urgió Artiga.
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