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Redacción Nacionales
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La secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FSM), Idalia Zúniga, denunció que el 3 de enero de 2025, cuando retornaron a laborar los empleados administrativos, departamentales y el nivel central del Ministerio de Educación, fueron recibidos con cartas de supresión de plazas. Se estima que sólo en las departamentales a escala nacional han despedido cerca de 300 personas.
“En el nivel central se han suprimido áreas muy importantes para la educación pública salvadoreña y también ahí hay despidos, el 6 de enero cuando ingresan los profesores a laborar, muchos ya recibieron su carta de supresión de plazas, específicamente aquellos docentes jubilados que seguían laborando”, enfatizó.
A criterio de Zúniga, los docentes se jubilan y siguen trabajando porque las pensiones en el país todavía no alcanzan a cubrir las necesidades para sostener un hogar; además, el gobierno de Nayib Bukele ha estado utilizando los ahorros y desestabilizando las pensiones, temiendo que en un futuro ya no habrá fondos, pues cada año ha ido incrementando la cantidad de millones de dólares extraídos.
Hasta noviembre de 2024, el gobierno había agarrado de los fondos de pensiones $2,015.57 millones, manifestó el economista César Villalona, en artículo publicado en Diario Co Latino.
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Dijo que con el reajuste estructural el gobierno de Bukele está generando más despidos para trabajadores del Estado, a quienes llaman la “grasa del Estado”, empleados de a pie que ganan 500 o 700 dólares, pero no así su grupo de amigos y familiares que tienen sueldos de 20 o 40 mil dólares.
“Por qué llama la grasa del Estado a todos los profesores que están jubilados y siguen laborando, la supresión de sus plazas será la bienvenida para el año escolar 2025, denunciamos nacional e internacionalmente los abusos y los atropellos a los derechos de los trabajadores del Estado que está propinando esta dictadura del gobierno de Nayib Bukele”, sostuvo la secretaria general del FMS.
Según la aprobación de la Ley de Salarios 2025, contiene el despido arbitrario e ilegal de 11,176 servidores públicos, que se sumarán a los 22,500 empleados destituidos desde que Bukele inició su gestión en 2019.
