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Oscar López
@Oscar_DCL
El Foro Nacional de Salud (FNS) presento la campaña “#NiñasNoMadres”, con la que se pretenden generar conciencia de las consecuencias de los embarazos impuestos, además de evidenciar los diversos tipos de violencia que enfrentan las niñas y adolescentes.
“El Foro Nacional de Salud siempre denunciará la violación de derechos y tortura a la que son sometidas las niñas y adolescentes por los embarazos impuestos y la naturalización que se da a estos embarazos, porque vemos a una niña embarazada y no nos alarmamos, se toma como algo normal”, declaró Gloria Cruz, miembro del FNS.
Al respecto, Margarita Posada también integrante del Foro externó que es importante la prohibición del matrimonio entre personas adultas y niñas menores de 18 años; sin embargo, aseguró que el problema persiste porque en muchos casos, las uniones son libres, evitando la unión de pareja en el marco legal.
“Las uniones libres no están criminalizadas ni penalizadas, no se resuelve el problema con la prohibición de la unión legal, porque la unión es de hecho y eso debería prohibirse en términos generales. El impacto lo llevan las niñas, muchas veces hasta las expulsan de sus casas, les toca irse y truncar su proyecto de vida”, afirmó Posada.
Datos estadísticos indican que en el 2017, hubo más de 19,000 casos de embarazos en niñas y adolescentes, de las cuales 781 son menores de 15 años. Para el FNS estos son más de 19,000 casos de violencia sexual, según lo estipulado en la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
“Los números no se pueden ver como números fríos, sabemos que estos embarazos impuestos son una violación sexual, el Código Penal lo clasifica como un delito y deben ser castigados. Cuando vemos esos 19,000 casos, y que de esos solo han sido castigados 488, eso refleja la impunidad del sistema judicial y el miedo a la denuncia que la población tiene”, dijo Cruz.
El FNS consideró que los embarazos de niñas o adolescentes son un problema de salud pública, por lo que las instituciones del Estado deben de garantizar la erradicación de los mismos. “Detrás de cada embarazo hay un delito, no se puede decir que un embarazo adolescentes se dio porque la niña se enamoró; lo que estamos planteando es que no debemos de naturalizarlo”, enfatizó Posada.
Los datos de 2017 indican que los departamentos que reportaron mayor número de embarazo en niñas y adolescentes son: La Libertad (2,088), Santa Ana (1,936) y Sonsonate (1,870).
