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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Morena Murillo, coordinadora de la Mesa Sectorial y Reproductiva, demandó del Estado salvadoreño el respeto a los acuerdos y convenios internacionales en materia de derechos humanos para las mujeres.
“A un año de haber presentado la propuesta de reforma al Código Penal para la despenalización del aborto por las cuatro causales, es por esto que exigimos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitir un dictamen favorable que garantice la vida y salud de las mujeres, niñas y adolescentes”, afirmó.
Las cuatro causales para despenalizar el aborto, recalcó Murillo, es cuando el embarazo pone en riesgo la vida, salud e integridad de las niñas o mujeres; cuando el embarazo es producto de un abuso y violación sexual, estupro o trata de personas, y la existencia de vida extrauterina del feto sea inviable.
“No ha existido una discusión seria y por tanto, no hay avances en materia de respeto a los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas, y se evidencia la falta de liderazgo para discutir este tipo de propuestas, porque el embarazo de la niñez o adolescencia es un problema de Salud Pública”, acotó
Verónica Guerra, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de El Salvador, lamentó que las cifras de niñas y jóvenes con embarazos producto de violencia sexual vayan en aumento, solo en el año 2016, se registraron 21 mil 477 embarazos, que deja directamente a esta población desprovista de sus derechos y sin aspiraciones a sus proyectos de vida.
Las mujeres tienen derecho a una maternidad deseada sin riesgos.
“Responsabilizamos al Estado de no garantizar a las mujeres una maternidad voluntaria, ni respetar los derechos sexuales y reproductivos”, agregó. También criticó “el comportamiento de los proveedores de los servicios de salud que maltratan a mujeres hospitalizadas por aborto y los jueces que las procesan y encarcelan. Mientras, la sociedad calla y permite el maltrato a las mujeres”, dijo.
La Mesa del Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva y la Mesa de Prevención de Violencia Social y Hacia Mujer del Foro Nacional de Salud expresaron que el Estado debe cambiar la actitud de violencia institucional y honrar el artículo 10 de la LEIV.
