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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Mecanismo de Pérdidas y Daños es un financiamiento que aún está en la discusión de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, explicó Carolina Amaya, del Equipo Coordinador de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Este tema se perfila como uno de los principales en XIV Encuentro Regional “Centroamérica Unida por la Sostenibilidad Ambiental, la Defensa del Territorios y la Resiliencia”, en donde más de 200 organizaciones, plataformas, movimientos sociales, Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes, Mujeres y Juventudes se preparan para llevar una propuesta frente a la COP -28, a celebrarse entre el 30 de noviembre al 12 de diciembre, en Dubái, de los Emiratos Árabes.
“Es un tema medular en las negociaciones del clima, y el financiamiento por daños aún está en discusión”, afirmó Amaya.
En cuanto a la postura del Estado de El Salvador, la ecologista, consideró que el gobierno tendría que estar adecuando y creando políticas públicas para cuantificar e institucionalizar este mecanismo de pérdidas y daños.
“No tenemos conocimiento que se estén haciendo estas acciones, porque esto pasa con que el país tenga una Ley de Cambio Climático, lo que se tienen son NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) que recién se actualizan, pero hay necesidad de un marco jurídico en cambio climático. Y no tenemos conocimiento que se esté desarrollando”, afirmó Amaya.
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) se refieren a compromisos asumidos por los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se resume en acciones contra el cambio climático y reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
“Y prueba de ello es que ni en la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa ni del Ejecutivo han generado información que estén priorizando esta discusión del cambio climático”, acotó.
Para Amaya, la falta de políticas públicas para institucionalizar la adaptación, la mitigación, junto al Mecanismo de Pérdidas y Daños de la Convención Marcos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todavía no se está dando el debate.
“Tenemos conocimiento del financiamiento para la adaptación que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), impulsa teniendo como socios principales al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería”, informó.
“Se supone que es un proyecto de adaptación climática, pero hay necesidad de obtener información sobre quiénes son los beneficiarios del proyecto. Si está llegando a la población y si esos fondos cubren a las poblaciones vulnerables así como, qué tipo de proyectos están realizando y si son en verdad de adaptación”, expresó.
Comentó que si las instituciones de gobierno van a llegar a dejar a las comunidades “paquetes agrícolas”, eso estaba lejos de las prácticas de adaptación. Sobre las medidas de adaptación al cambio climático se ha consensuado a nivel global que sean políticas, medidas y acciones que tiendan a minimizar los efectos del cambio climático.
“Qué tipo de semillas están entregando, si es que están haciendo eso, si es resistente a la sequía, si va resistir el calor de la tierra y la falta de agua. Ese es el tipo de información que nos hace falta pero hay muy poca información”, indicó.
“Necesitamos también información sobre la participación de las comunidades en estos procesos, la transparencia y la efectividad en términos de adaptación climática ¿Por qué?, bueno es un proyecto del Fondo Verde”, acotó Amaya.
En cuanto a la inversión en el tema del cambio climático, Amaya, lamentó, que no se esté financiando esta demanda social, por la priorización de otros temas en la agenda nacional, pese a la urgencia de contar con estas medidas frente al cambio climático que afecta a nivel global y con énfasis en países vulnerables a fenómenos climáticos.
“Este tema no está priorizado, hay proyectos más encaminados en la mitigación que tiene que ver más con cambios en la matriz energética, sobre todo, energía solar, pero hay retos que se deben superar”, comentó.
“Hay 8 millones de personas que según el PMA sufren hambre severa a nivel regional –sigo diciendo que es cifra optimista- porque serán muchos más; pero hay un tema de fondo, no es que no haya alimentos en los mercados o supermercados, lo que no hay es poder adquisitivo, la gente no tiene dinero para comprar”, advirtió Amaya.
Hambruna que impactará a familias en vulnerabilidad y violenta el derecho a la alimentación que es obligación del Estado salvadoreño garantizar y remediar para que haya comida en la mesa del pueblo.
“El derecho a la alimentación es el derecho principal, porque no hay dolor, insatisfacción o mayor frustración que no tener que comer, y debe ser una prioridad de los Estados, pero cuando vemos que ni ese tema se prioriza se eleva la preocupación”, opinó.
“Siempre decimos que ni la sociedad ni los gobiernos ni las instancias de Estado quieren reconocer la crisis climática, y esto no se va a mejorar ni a corto ni mediano plazo. Esto va a seguir intensificándose en escenarios pesimistas y junto al aumento de la temperatura, eso nos dice la ciencia, y es lo que se está gestando”, reafirmó Amaya.
Sobre la agudización de la crisis del calentamiento global, la ecologista de la UNES reiteró que esta situación no tendrá mayores variaciones ni va a detenerse, y por el contrario puede que se “agudice” en poco tiempo, por tanto, era importante prepararse para enfrentarlo desde las comunidades.
“Comencemos agendando al debate público los temas de agua, comida y un techo seguro en donde las familias puedan sentirse protegidas y que el Estado asuma esa obligación, claro si le interese la población”, indicó.
“Lo segundo es la protección de los medios de vida en donde las comunidades pesqueras y campesinos que viven de la naturaleza a trabajar también en la protección de esos sistemas de subsistencia y esto es impostergable para cualquier Estado que le interese la población y el medio ambiente”, sostuvo Amaya.
En cuanto a la agenda ambiental y la sustentabilidad, Amaya reconoció que “no está en la agenda del Estado salvadoreño”, y por el contrario la realidad que se vive actualmente es la proliferación de permisos ambientales y muchos de estos generan una contradicción entre instituciones de gobierno frente a las encargadas de garantizar la protección ambiental. “Eso evidencia la misma comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa, que lleva meses sin reunirse, y frente a una crisis climática, son quienes deberían estar regulándola en términos de políticas públicas, pero no tienen agenda para reunirse”, manifestó.
“Más allá de esto, se ha entregado un cheque en blanco a este tipo de empresas lo que significa que no hay restricción ni ninguna regulación para traer cualquier tipo de proyecto y está confirmado con el aumento de la inversión privada y precisamente eso eleva la precariedad”, aseguró.
El llamado de Carolina Amaya es claro: “los impactos ya los estamos viviendo”, recodando que El Salvador es el segundo país más deforestado, después de Haití. Lo que significa altos niveles de desertificación y erosión de suelos.
“Esto es preocupante porque nosotros como país no somos como Costa Rica, no gozamos ni tenemos los estándares de calidad ambiental, somos un país deforestado”, opinó.
“Estamos entre los 15 primeros lugares de países con riesgo climático, según el Índice Global de Riesgo Climático, o sea, riesgo climático a nivel mundial. Son análisis hechos por la ciencia, no los ambientalistas. Cualquier Estado responsable con su pueblo y los ecosistemas vulnerables debería priorizar la agenda ambiental y pensar en un Plan de Cambio Climático frente amenazas como El Niño, que se prevé va a quedarse por 2 años consecutivos”, concluyó Amaya.
