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Juan Carlos Sánchez Mejía
El 28 de abril de 2005, viagra sale el entonces Presidente Elías Antonio Saca expulsó del país de forma expedita al médico ecuatoriano, cure Pedro Banchón Rivera, a quien acusó de participar en actividades políticas internas, por su papel como asesor del sindicato de médicos del seguro social. Éste es sólo uno de los casos en los que las administraciones de derecha violentaron derechos humanos de decenas de personas extranjeras ligadas al desarrollo social, político, cultural, religioso y económico del país, quienes cometieron el gran pecado de no ser afines a la ideología que pregona la derecha salvadoreña.
Diez años después del incidente con el doctor Banchón, el partido ARENA ha tenido que reconocer públicamente que ese instituto político ha facilitado la participación de personas extranjeras en la política interna de El Salvador. Sólo que ahora, después de la muerte de Francisco Flores – según declaraciones de los más prominentes representante de la derecha partidaria – esa intromisión foránea es “normal” y no riñe con ningún mandato normativo, ni ético.
Ahora resulta que no ven ningún problema con que una persona extranjera, el gobierno de Taiwán, haya tenido una incidencia tan directa y decisiva en un aspecto fundamental para la vida del país: elegir a un Presidente y a una Vicepresidenta.
Oigamos al expresidente Alfredo Cristiani hablar sobre esta situación: “Yo entendería que ellos (Saca y Salaverría) sí recibieron fondos, el dinero originalmente venía para el partido, no venía para obras públicas, no es primera vez que Taiwán ayuda a partidos políticos en otros países, eso se sabe y se conoce”. El actual presidente del COENA ha sostenido que “Nosotros nunca hemos dicho que el dinero nunca llegó al partido, esos 10 millones entraron a las cuentas de Arena”. Y Roberto Ávila, fundador de ese partido, sostuvo que “… el dinero llegó a las manos de ARENA para la campaña política, fueron cheques para el evento electoral, no tuvieron nada que ver con los terremotos como se quiso decir”.
Justifican este financiamiento, que ya le costó la vida a su Presidente Honorario, con el argumento de que en ese tiempo no había impedimento legal, puesto que el “aporte” de Taiwán a ARENA ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley de Partidos Políticos que tiene algunas – y muy tímidas – limitaciones al respecto.
El espíritu de la Constitución de la República cuando regula la participación de personas extranjeras en política interna ha sido objeto de variadas interpretaciones, en función de los intereses de quien la interpreta y, casi siempre, en detrimento de las mismas personas extranjeras que se ven sometidas a arbitrariedades y abusos. Sin embargo, el Artículo 97, inciso segundo (de la Constitución) es claro: ordena la expulsión del territorio nacional de toda persona que participe en política interna. Lo mismo hace el Artículo 8 de la Ley de Extranjería; de esta última Ley, también extraemos el texto del Artículo 12 que reconoce el goce pleno de todos los derechos que tiene una persona extranjera que viva en El Salvador, “a excepción de los derechos políticos”. Es decir, que tanto en la Constitución y en las leyes, hay criterios para interpretar el papel y las acciones que puede hacer o dejar de hacer una persona extranjera: gozan de todos sus derechos y garantías, en tanto no intervengan en los asuntos locales, so pena de expulsión. Viéndolo bien, parece que algunas representaciones diplomáticas pueden ser inmunes a estas disposiciones; pero eso es otro análisis.
Si bien es cierto, estas normas hacen alusión a las personas extranjeras que residen en el territorio nacional, tampoco se puede negar que el espíritu que tuvo tanto el constituyente y como el legislador, es el de limitar el abuso de participación de extranjeros y extranjeras en los asuntos que le son inherentes de forma exclusiva a los y las nacionales.
Pero entonces queda una paradoja: El doctor Banchón fue expulsado del país por participar en la política interna al ser asesor sindical. El Gobierno de Taiwán ayudó a poner al último Presidente y a la última Vicepresidenta que ARENA ha tenido, ¿y…?
En otras palabras, el argumento sostenido por la derecha partidaria es que un extranjero o una extranjera no puede ir a una marcha ni apoyar una huelga, pero si puede incidir de forma determinante en la decisión de quién gobierna este país. ¡Vaya nacionalismo!
