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Margarita Rivas*
Lorena. K (nombre ficticio), cure prostate trabajadora de una institución del Estado, donde existe una oficina de Defensoría de Trabajadoras/es, acude a dicha oficina porque está siendo víctima de hostigamiento por parte de un compañero de trabajo. La persona que ejerce el cargo de colaborador/a jurídico que la recibe, escucha su caso y le dice: “Usted tiene razón de sentirse ofendida, pero para qué se va a complicar poniendo la denuncia… déjele las cosas a Dios…”.
La Señora Celina de L (también nombre ficticio), acude a un juzgado para denunciar que está siendo violentada, física, psicológica y económicamente por parte de su esposo. La persona que ejerce el cargo de juez/a, cita a ambos a comparecer. Como es de esperar, el denunciado/violentador, lo niega todo, y la acusa de que la violenta es ella, pues según él, se mantiene de mal humor contra sus hijos y él, por lo que algunas veces mejor no llega a dormir. Es visible la indignación de la denunciante ante el cinismo de su pareja. El resultado es que la persona que ostenta el cargo de juez/a da una nueva cita para comparecer a la pareja, pero advierte a la señora que durante ese tiempo antes de presentarse a la nueva cita: “Deberá ella de ir a misa diariamente y comprobar con testigos que ha cumplido con este requerimiento”.
Los anteriores son casos reales en nuestro país, que son un claro ejemplo de irrespeto a la condición de un Estado laico, lo que redunda en violación de derechos de las usuarias impidiendo el acceso a la justicia mediante las y los funcionarios públicos que no realizan un ejercicio laico de su función y obedecen más a su concepción religiosa y machista, donde las mujeres deben ser sumisas y “perdonar” los abusos cometidos hacia ellas y conformarse. No olvidemos la resolución de la Sala de lo Constitucional en el caso reciente de la joven Beatriz, en la cual pesaron más las posturas religiosas y sexistas, que el estado de gravedad de la joven.
*Máster en Salud Sexual y Reproductiva.
