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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nos hemos hecho presentes como el Foro del Agua El Salvador, para solicitarle y exigirle a la Fiscalía General de la República que retire los cargos penales que le están imputando penalmente a los cinco líderes de Santa Marta y ADES”, dijo Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua.
En el marco de la campaña de solidaridad con los ambientalistas de Cabañas: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, directivos de ADES, las comunidades organizadas, juntas de agua y organizaciones sociales, realizaron un plantón ante la sede del ente fiscal, exigiendo la libertad de los ambientalistas.
“Recordemos, como se armó este caso, como se introdujo este proceso judicial viciado, parcializado y carente de garantías procesales que vulnera todos los derechos que establecen los artículos 11 y 12 de la Constitución de la República”, añadió.
“Este es un proceso que ha sido incriminante hacia la lucha minera en el país, especialmente para los cinco líderes de Santa Marta y ADES, que son personas que han entregado su vida a la defensa del territorio, la defensa del agua y de la tierra, son personas que han dado toda su vida por esa lucha”, alegó Henríquez.
Asimismo, reseñó que desde la detención de los cinco ambientalistas el 11 de enero de 2023, las irregularidades del proceso por parte del ente fiscal, fueron evidentes, al señalar que el requerimiento por “supuestos delitos de asesinato, secuestro y agrupaciones ilícitas” en el contexto de la guerra en 1989, no ha podido ser probado.
“Según la Fiscalía, estos cinco líderes comunitarios asesinaron a Inés Domínguez, sin embargo, durante un año completo la Fiscalía ha sido incapaz de ofrecer una prueba contundente, una prueba lo suficientemente fuerte para poder demostrar primero la existencia del delito y segundo, no han sido capaces de demostrar la responsabilidad de los cinco ambientalistas en este caso”, manifestó.
Fiscalía sólo tiene un testigo de referencia
Para Henríquez, la Fiscalía General se encuentra en una situación grave, al no contar con pruebas fehacientes de estos hechos por los que acusa a los defensores del medio ambiente de Cabañas, e incumple con su deber ser de investigar de manera transparente y profesional el delito.
“La Fiscalía sólo tiene un testigo de referencia que lo único que ha dicho es que a él le dijeron o que él escuchó cuando contaron lo que ocurrió el 22 de agosto de 1989. Cuando sabemos que la prueba menos pertinente y menos útil para demostrar este tipo de delito es solo un testigo”, explicó.
“Y la Fiscalía sólo con esto cuenta – entonces-, estamos solicitando que retire los cargos, porque el 8, 9 y 10 de octubre es la Vista Pública, se va a juzgar a los líderes de Santa Marta, y no es posible que en este caso se condene a personas defensoras de la vida por un delito que no existe, y que ha inventado la Fiscalía, para desarticular la lucha minera”, agregó Henríquez.
Gobierno busca intimidar alas personas defensoras
Los señalamientos a la Fiscalía General de la República, por parte del Foro del Agua, se relacionan con la información que han venido recopilando diversas organizaciones ambientalistas y sociales sobre el posible intento de reapertura de la industria extractivista minera transnacional en el país.
“Hay fuertes indicios que se quiere reactivar la minería y también sabemos que Santa Marta ha sido el bastión de lucha y defensa del territorio, entonces, este proceso penal no tiene otra intención más que intimidar y criminalizar la lucha por la defensa de la naturaleza y la vida”, indicó.
“Por todo esto exigimos al Estado, a la Fiscalía General de la República, el retiro de cargos a nuestros compañeros ambientalistas y les exigimos también que pidan perdón a la Comunidad de Santa Marta y ADES por todo el daño que están ocasionando. Y por poner en peligro la vida de los líderes comunitarios porque son personas que padecen de enfermedades y necesitan el suministro de medicamentos de manera permanente, una cuestión que les fue negada durante la detención”, indicó Henríquez.
Comunidad Santa Marta pide retiro de cargos
Alfredo Leiva, líder de la Comunidad Santa Marta, agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que brindó el Foro del Agua El Salvador, y reiteró el llamado a la Fiscalía General de la República y al Sistema Judicial a ejercer un trabajo independiente y apegado al debido proceso.
“Hoy pues, con este petitorio a la Fiscalía General de la República, porque ya se acerca esa Vista Pública, queremos que retiren los cargos y así el Tribunal pueda dar un sobreseimiento definitivo a los cinco compañeros que ahora están procesados injustamente”, acotó.
“Es importante decir, que este proceso ha registrado muchos hechos -que nos hacen pensar-, que estamos frente a un pleno acto de criminalización de la lucha ambiental, dado a la ausencia de la probatoria la Fiscalía, que no ha podido demostrar de que tienen un caso ni ha podido demostrar que el hecho existió, entonces, mucho menos que los cinco compañeros estén implicados”, aseveró Leiva.
Leiva solicitó a la fiscalía, como miembro de la Comunidad Santa Marta, realizar un trabajo “responsable y apegado a derechos”, lo que se traduce en el respeto al Estado de Derechos y, por tanto, dejen a sus compañeros libres para que puedan ser atendidos en su salud de manera integral y retomar sus vidas.
“Hay una situación complicada porque aunque los compañeros estén en arresto domiciliario no se puede llevar a un centro médico para obtener atención a su salud. Esperamos que la Fiscalía actúe responsablemente y retire los cargos y de esa manera los compañeros puedan ser atendidos e incorporarse a las tareas de defensa del medio ambiente que está tan amenazado”, manifestó.
“Sabemos que hay una Ley de Prohibición de Minería Metálica, pero hay empresas operando en el territorio, creando las condiciones para reabrir la minería metálica. Cuando sabemos que es inviable para el país, debido a la estrechez territorial, el estrés hídrico y la sobrepoblación que impide que esta actividad extractivista pueda desarrollarse y de hacerlo haría imposible la vida de la población y medioambiente, eso es lo que defendemos”, puntualizó Leiva.
