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@SilviaCoLatino
Organizaciones sociales del “Foro del Agua” demandaron de la Corte de Cuentas una profunda auditoría especial a la Alcaldía Municipal de Tacuba, Ahuachapán, por presunta “mala administración” de fondos públicos y anunciaron la presentación de un aviso ante la Fiscalía General de la República, por la misma causa judicial.
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional los Defensores de Derechos Humanos y en la reciente reunión en Panamá, el Relator de la ONU, Michel Forst reiteró la importancia de visibilizar y respetar a este grupo de defensores y defensoras de toda Mesoamérica.
Xenia Marroquín, del Foro del Agua, expresó su preocupación por las constantes amenazas a los líderes y liderezas de las comunidades que trabajan en beneficio de los amplios sectores de la población rural y por su derecho humano al agua y saneamiento.
“Queremos denunciar públicamente una serie de anomalías que se están dando contra los defensores del agua de siete comunidades de Tacuba (ADESCOBD) por el gobierno local de Tacuba. Joel Ernesto Ramírez Acosta, pretende ocultar ilegalidades cometidas, como negar las credenciales a la verdadera junta directiva de la junta de agua elegida el 12 de marzo de 2007, y como lo estableció la Sala de lo Contencioso Administrativo, ilegalidades que deben ser investigadas”, señaló.
David Díaz Aguirre, representante de las siete comunidades de Tacuba en la Asociación de Desarrollo Comunal la Bendición de Dios (ADESCOBD), solicitó a la Corte de Cuentas para que investigue los gastos innecesarios que ha realizado el alcalde Ramírez Acosta y anunciaron del aviso ante la Fiscalía para investigar la corrupción en algunas acciones y que hasta el Comité de Denuncia Ciudadana de Tacuba lo ha señalado públicamente.
“Nuestro único delito fue defender el derecho humano al agua, y recibimos toda clase de atropellos, las medidas cautelares que recibimos de la PDDH (Procurador Morales) fue para protegernos a nosotros del alcalde de Tacuba, donde involucraron hasta el puesto policial para amenazarnos y el fiscal Miguel Santiago Gross, quien atropelló nuestros derechos como si fuéramos criminales, nos sacaron de las casas a las doce de la noche y nuestras familias han sufrido. Y es el alcalde Ramírez Acosta quién está involucrado en todos estos problemas que tenemos, es por esto, que esperamos justicia”, afirmó.
Mientras, Raquel Elizabeth de Macua, de la “Mesa Territorial de Suchitoto”, indicó que como defensoras y defensores de los sistemas de agua, sus vidas están en riesgo permanente, que se elevan cuando hay empresas de por medio que bajo la figura de la inversión económica vulneran la vida de las comunidades.
“Ahí la empresa textufil utiliza mucha agua para sus procesos, además la siembra del zacate King grass que es nocivo para estar en la zona y sabemos que esta empresa está operando sin permiso para sembrarlo. Lo lamentable, es que no contamos con el apoyo del gobierno local para garantizar nuestros derechos”, acotó. Similar lectura realizó José Dolores Romero, presidente de Asociación de la Cordillera del Bálsamo, quien reseñó que las comunidades experimentan problemas con sus gobiernos municipales y enfrentan dificultades con diversas empresas, entre ellas constructoras o textiles, que dañan el medio ambiente y vulneran la vida de la población. “Esto ha generado retrocesos en materia de respeto a los derechos humanos y medio ambiente por el edil de La Libertad”, puntualizó.
