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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Los reiterados abusos de poder y el uso arbitrario de los recursos económicos y técnicos del alcalde Miguel Ángel Jiménez, del municipio de La Libertad (ARENA), contra el trabajo de las Juntas de Aguas, y la lentitud de la Fiscalía General de la República para salvaguardar los derechos de la población, fue denunciado por Carlos Flores, integrante del Foro del Agua.
“Este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial contra el alcalde, por el posible cometimiento de los delitos de expresiones de violencia contra las mujeres, actos arbitrarios, allanamiento de morada, falsedad ideológica y atentados relativos al derecho de asociación y reunión”, informó Flores.
Desde su llegada para el período (2015-2018), el edil porteño ha sido denunciado por actos que rayan en la arbitrariedad y agresión sistemática, contra las y los integrantes de las juntas de agua y asociaciones comunales como: ASCOBAPCO, CIMARRON, ACDAMOARCC, CANGREJERA CENTRO, ADESCOEA, en los cantones Cimarrón, Brisas del Mar, Altos de Brisas del Mar, y San Diego, con el único interés de desmantelar las actuales juntas directivas, para ser sustituidas por correligionarios del partido ARENA, y apropiarse de las decisiones de la distribución, tarifas del sistema de abastecimiento.
“Esto ocurre cuando el alcalde Jiménez utiliza los recursos del gobierno local, para hostigar a las juntas de agua potable y desestabilizarlas, para ponerlas al servicio de la municipalidad y por qué no decirlo, al servicio del partido ARENA. Y ante la resistencia de la gente, el edil realiza hostigamientos a la gente, con la militarización de la zona, con amenazas directas, usurpación de los bienes de las juntas de agua, para ejercer terror contra los directivos y en especial las mujeres que forman parte de estas instancias comunales”, reseñó.
Para Flores, el abuso a los pobladores por parte del edil porteño se relaciona con los planes de hacer uso “clientelar” del vital líquido, que es un derecho humano fundamental para la vida del ser humano. Además de romper el tejido social de las comunidades, llevándolos a un nivel de violencia en general, que muchas jefas de hogar han tenido que emigrar de sus comunidades hacia otros lugares y otras se han visto forzadas a deponer los cargos por temor a las agresiones y cuidar de sus familias.
“Tenemos que lamentar el fallecimiento de Dina Lissett Hernández de Ruiz, que pese a ser amenazada, no abandonó la comunidad, pero la presión y el hostigamiento le provocó quebrantos en su salud y al final le costó su vida. A esto se suma la negligencia de la Fiscalía General de la República, que no ha presentado los requerimientos con la urgencia que ameritan todas estas acciones del alcalde Jiménez, porque se han presentado los avisos en el año 2016, y la PDDH emitió medidas cautelares para salvaguardar la vida de las defensoras de derechos humanos amenazadas y no se hizo nada, se permitió que se diera la migración forzada y la desintegración de comunidades”, subrayó.
