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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Foro del Agua advirtió que de aprobarse la Ley de Agentes Extranjeros impactará de manera directa el “abastecimiento de las comunidades rurales”, y por consiguiente a las más de 2 mil Juntas de Agua Rurales que reciben beneficios de la cooperación internacional.
El anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que el presidente de la república Nayib Bukele introdujo en la Asamblea Legislativa, a través del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Carlos Bidegaín, tiene el objetivo de tener bajo control a las organizaciones de la sociedad civil organizada.
De acuerdo con las argumentaciones del cuerpo de asesores de Casa Presidencial y la bancada oficialista de Nuevas Ideas, supuestamente es una “ley que les permitirá defender la soberanía nacional y la dignidad del país, que prohíbe explícitamente la injerencia extranjera. Y que impiden que fundaciones y Ongs disfracen de donación la injerencia extranjera para desestabilizar al país”.
El Foro del Agua, luego de un estudio exhaustivo del contenido de dicho anteproyecto de ley, señaló que algunos aspectos ponen en riesgo el trabajo por la justicia, sustentabilidad y derecho humano al agua en El Salvador.
“Este proyecto pretende estigmatizar, descalificar y discriminar las exigencia que realizan los diversos colectivos, como es la demanda de agua limpia, defensa de la sustentabilidad y vida digna que no han sido garantizados por el Estado salvadoreño y que ha requerido en los últimos 34 años el apoyo de la cooperación internacional”, afirmó.
Asimismo, la ley impondría la sanción más grave que es la cancelación de personalidad jurídica, además de multas por incumplimientos técnicos y que son subjetivos. Y a nivel práctico, suspensión de actividades por no registrarse como agente extranjero, aun cuando no está claro si sea factible hacerlo en el tiempo establecido.
“El proyecto de ley aplicaría un impuesto del 40%a cada transacción financiera, desembolso, transferencia o trámite proveniente de fondos de un -mandante extranjero- (art.10), lo que sin duda impactará en el trabajo que las organizaciones sociales hemos desarrollado en pro del derecho humano al agua, principalmente en el abastecimiento de agua potable rural”, afirmaron.
El Foro del Agua señaló que el abastecimiento de agua potable y saneamiento en el sector rural es una deuda histórica del Estado salvadoreño, desde la creación de ANDA, en 1961, que centró su atención y distribución en las grandes poblaciones urbanas. No obstante, que la ley establecía que su función era proveer a los habitantes de la república de acueductos y alcantarillados (art.2) Ley de ANDA.
“Históricamente dejaron injustamente rezagado a este importante segmento de la población. El abastecimiento rural fue retomado por el Ministerio de Salud, implementando diversos programas financiados por agencias internacionales como la ONU, OEA , entre otros”, dijo el Foro.
“Algunos de ellos el : El Programa de Introducción de Agua Potable en el Área Rural (PIAPAR) y el Plan de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), que lograron construir entre los años 70 al 89, alrededor de más de 300 sistemas de agua potable, administrados por el MINSAL”, señalaron.
Que con la llegada del partido ARENA, en la década de los años noventa, fue marcado por el Neoliberalismo, quitó la atención y eliminó el financiamiento, por tanto, el MINSAL entregó la oficina PLANSABAR a la gestión de los sistemas rurales de ANDA, hasta que el presidente Armando Calderón Sol (1995), lo cierra y deja abandonado a más de 300 sistemas rurales de agua, que estaban constituidas.
“Desde el año 1995, el tema fue abandonado por el Estado y es asumido directamente por las comunidades, con la ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional y algunas alcaldías con el apoyo del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo (FISDL). A partir de la intervención de esta variedad de actores en la provisión del abastecimiento y saneamiento rural, surgen las Juntas Administradoras de Agua Potable en el sector rural, desvinculado de la regulación o apoyo del Estado”, afirmaron.
Por tanto, el Foro del Agua El Salvador rechazó públicamente los intentos de estigmatizar y descalificar sus luchas por la justicia, la sustentabilidad y el derecho humano al agua, que tiene implícito el discurso que emite el gobierno al promover su Ley de Agentes Extranjeros.
“Nos preocupa que el Estado salvadoreño no invierte en estos sistemas comunitarios y que además recorte el 40% a cada transacción proveniente de cooperación internacional reduciendo así la capacidades de sustentabilidad de estos sistemas”, manifestó el Foro.
“Exigimos al presidente Nayib Bukele que retire la propuesta de ley de Agentes Extranjeros por las afectaciones directas a las organizaciones sociales y, sobre todo, a las más de 560, 000 personas sin abastecimiento y las 2,500 juntas de agua rurales y urbanas en el país”, manifestaron.
