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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de varias organizaciones ambientalistas que conforman el Foro del Agua El Salvador presentaron en la Asamblea Legislativa una solicitud de recomendable dirigido al Ejecutivo para la destitución de Ana Orellana, ministra de Salud y de Frederick Benítez, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
De acuerdo con el colectivo socio ambiental, la forma en que ambos funcionarios se condujeron en la interpelación desarrollada por la Asamblea Legislativa para conocer las causas de la crisis hídrica que experimentaron los habitantes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) ameritan su remoción del Ejecutivo.
“Consideramos que sus declaraciones a todas luces denotan incompetencia e incapacidad, además, de desconocimiento de las instituciones en cuanto a cual es la encargada de la calidad del agua y por ello debería proceder el recomendable para su destitución”, dijo Oscar Ruiz, representante del Foro del Agua.
Ruiz, además, consideró que la incapacidad y desconocimiento de los funcionarios supone que la información recabada durante las interpelaciones no es certera en cuanto a la contaminación del vital líquido, también sostuvo que el brote de las micro algas es lo que hizo visible un problema de mayor complejidad que es la falta de tratamiento al agua contaminada que consumen los salvadoreños. El líder ambientalista indicó que el problema de la contaminación del agua del río Lempa tiene que ver con su naturaleza transfronteriza y las descargas de material contaminante que hacen desde países como Guatemala y Honduras que en época seca se manifiesta con brotes de alga.
“Estamos pidiendo a los diputados que procedan a solicitar al presidente de la República la destitución de estos funcionarios amparada en el articulo 231 numeral 37 de la Constitución de la República y el artículo 117 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa”, afirmó Ruiz.
La solicitud del Foro del Agua El Salvador se hace en momentos en que la Asamblea Legislativa enfrenta el vencimiento de la prórroga que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio para que aprueben una ley de reconciliación nacional.
