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Gloria Silvia Orellana
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El Foro Nacional para la Salud (FNS) exigió al gobierno y el sistema judicial la “libertad para los defensores de Santa Marta y ADES, no más criminalización de quienes protegen los bienes naturales y la salud de las comunidades”, expresaron en sus redes sociales.
El 10 de abril de 2024, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque envió a juicio a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega. El Foro Nacional de Salud considera el caso Santa Marta como una “persecución judicial” al movimiento popular.
“Como movimiento popular que lucha por el derecho a la salud, y siendo la Asociación para el Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), uno de nuestros integrantes históricos, denunciamos que el proceso judicial al que están siendo sometidos se basa en pruebas insuficientes y un testimonio contradictorio”, afirmó el Foro.
“Este montaje no es más que un intento por silenciar a quienes han defendido a su comunidad y el país de los proyectos extractivistas que ponen en riesgo nuestra salud y bienes naturales”, acotó el FNS.
La captura de los cinco ambientalistas ocurrido el pasado 11 de enero de 2023, se mantuvieron durante 8 meses incomunicados de forma absoluta, hasta que fueron enviados a un arresto domiciliario. Para el Foro Nacional de Salud es una flagrante violación al derecho y al debido proceso de estos líderes comunitarios.
“Calificamos su detención como un acto arbitrario, que refleja el uso del Régimen de Excepción para reprimir las voces críticas en el país. Este caso es un ejemplo evidente de la criminalización de los defensores de derechos humanos en El Salvador, y de como nuestros líderes comunitarios están siendo utilizados como herramienta de intimidación y represión”, argumentó.
“Denunciamos también la instrumentalización del sistema judicial para perseguir defensores del medio ambiente. Los cinco compañeros, que han sido sometidos a condiciones inhumanas y padecen problemas de salud graves, deben ser liberados de inmediato”, advirtió el FNS.
El Foro Nacional de Salud exigió también al Estado salvadoreño garantizar un juicio justo la próxima semana que se realizará la Vista Pública, en el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que se respeten los derechos y principios democráticos de justicia y verdad.
“Reabrir las puertas a la minería metálica significa priorizar las ganancias de las corporaciones sobre la salud, la vida y el bienestar del pueblo salvadoreño. Por lo que instamos a la comunidad internacional a mantenerse en alerta y a solidarizarse con la exigencia de libertad de los cinco defensores ambientalistas de Cabañas, para que El Salvador no retroceda en la protección de sus bienes naturales y derechos fundamentales”, abogó el FNS.
