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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En el marco de la conmemoración del 13 aniversario de fundación del Foro Nacional de Salud, la coordinadora Morena Murillo hizo entrega de la distinción “Margarita Posada por la defensa de la vida“, al liderazgo comunitario de Santa Marta, a la a Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y al líder Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES, quien guarda prisión junto a otros líderes desde el pasado 11 de enero del presente año.
“Queremos agradecer principalmente a la comunidad de Santa Marta, por permitirnos celebrar el 13 aniversario de fundación del Foro Nacional de Salud, en esta comunidad histórica de lucha y victoria. Esta comunidad es un modelo del poder de la organización”, manifestó Murillo.
“Todas las comunidades debemos tomar ejemplo de Santa Marta y ADES, porque ustedes han gestado su desarrollo no sólo comunitario, sino también el humano que es el primordial, y es el que permite que las comunidades salgan adelante”, sostuvo. Asimismo, expresó un mensaje de “solidaridad” por la situación en la que vive la comunidad actualmente con la captura de cinco de sus líderes: Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, directivos de ADES, y los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio, del municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
“Queremos decirles que no están solos ni los compañeros que están privados de libertad ni ustedes como comunidad. Compañeros, aquí estamos del Foro Nacional de Salud y continuamos junto a ustedes en esta lucha ardua que nos compete a todos y todas”, reiteró.
“Por eso estamos aquí, nos solidarizamos con su lucha y con todas sus causas y queremos denunciar también esa detención arbitraria de los 5 compañeros detenidos. Y queremos denunciar también el acoso militar a esta comunidad. No podemos permitir que a comunidades organizadas se les esté criminalizando y señalando como delincuentes, pedimos paren ese acoso a la comunidad”, añadió Murillo.
Murillo manifestó que el trabajo organizativo de la Comunidad Santa Marta ha sido reconocido internacionalmente por su enfoque de beneficiar y mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, y que esto se convertía en una “verdadera transformación” de la sociedad en el país.
“Es por esto que estamos celebrando el 13 aniversario en Santa Marta, el legado histórico de Margarita Posada, reconociéndola como una verdadera luchadora social, y que no sólo trabajó por la salud, sino por la justicia social”, dijo.
Margarita Posada fue una mujer incansable que siempre estuvo presente en todas aquellas luchas en donde hubo injusticia para las mayorías, así que ese legado y el reconocimiento lo hemos entregado aquí, en donde hay muchos compañeros y compañeras que también han contribuido a la lucha por la universabilidad de la salud, apuntó Murillo.
La dirigente agregó que como Foro Nacional de la Salud (FNS), durante los últimos 13 años, sumaron logros y muchos de ellos fue clave la participación ciudadana en la política de salud del país. Además, de la contraloría social y la vigilancia del cumplimiento de la política pública y las decisiones que han venido tomando las autoridades de los programas que proyectan. “Sólo ese papel unido y comprometido de las comunidades permite a las comunidades salir adelante y, a una sociedad emprender esa lucha que como nosotros lo venimos realizando y que se ve reflejado en mejorar las condiciones de vida de todos y todas”, acotó.
Murillo recordó también que el Foro lucha por mejorar las condiciones de salud como el logro de reducir la mortalidad materna, reducir la muerte infantil y el control de aquellas enfermedades prevenibles. “Hubo un logro junto a la institucionalidad por las comunidades, pero actualmente hay muchos retrocesos. Porque no puede haber un programa de Nacer con Cariño, cuando aumentó el porcentaje de la mortalidad materna e infantil”, manifestó Murillo.
Mientras, Alfredo Leiva, de la Comunidad Santa Marta, agradeció el reconocimiento a los liderazgos de ADES, Santa Marta y Antonio Pachecho, señalando que es un “acto de valentía”, por la situación de incertidumbre y represión que vive la comunidad Santa Marta. “Desde el 11 de enero a la fecha han pasado muchas cosas, y queremos decirles, que desde un principio entendimos que no se trataba de un proceso penal (del pasado conflicto civil) del que se acusaba a los compañeros, sino una intención política”, afirmó.
“Este movimiento fue para apartar a los compañeros de la lucha que ya venían haciendo sobre la minería metálica, que todos sabemos ADES y la Comunidad Santa Marta acompañaron a las comunidades de Cabañas para frenar los proyectos mineros culminando con la aprobación de una Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador (2017)”, resumió Leiva.
Leiva señaló que los ahora capturados, desde el año 2019 “venían alertando sobre la minería metálica”, identificando algunos indicios que podrían generar a su final la reactivación de algunos proyectos mineros a gran escala y peligrar la derogación de la ley que veta la industria minera en el país.
“Esos indicios nos llevaron a alertar a la comunidad y en ese marco se dieron las capturas de nuestros compañeros. Y en ese sentido entendimos la intención, por esto sabemos que la captura de los cinco compañeros no pasa precisamente por la justicia y tribunales. Estamos luchando para liberar esa presión que es política”, sostuvo.
“Hemos pedido medidas sustitutivas a la detención y no han sido posibles, porque todo el sistema judicial ha conspirado para mantenerlos detenidos, no se trata de un juzgado porque esto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia”, añadió Leiva. Sobre el “trato desigual” con su compañeros de la comunidad, Leiva indicó que en otros casos penales del conflicto armado de los años ochenta, las personas que han sido acusadas de crímenes de lesa humanidad han seguido su proceso judicial en libertad, y por el contrario los cinco ambientalistas están detenidos. “Esto sólo confirma que es una criminalización por la lucha que realizamos frente a los proyectos mineros de empresas transnacionales. Un dato interesante es la intervención de cuatro Relatorías Especiales de la ONU, que cuestionaron el proceso contra los defensores de derechos humanos y ambientales”, recordó.
“¿Y qué hizo el Gobierno?, respondió mintiendo en sus respuestas de un proceso justo, luego manda a uno de los compañeros al Penal de Izalco, pese a las condiciones terribles de salud que sufre (Saúl Rivas Ortega), y detuvo a Manuel, el hijo de Vidalina Morales, de esa manera está actuando el gobierno de El Salvador, utilizando el sistema judicial como herramienta de criminalización, por esto pedimos a la ONU seguir pendiente de nuestros compañeros”, agregó Leiva.
