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@joakinSalazar
Por la búsqueda de la trasparencia de los funcionarios públicos, salve El Foro Nacional de la Salud solicitó ante la Corte de Cuentas de la República, los archivos de los casos que vinculan a la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Ana Vilma de Escobar, en casos de corrupción por $33 millones, con el fin de dar a conocer dicha información a la sociedad civil.
El Primer caso por el que es presuntamente acusada la diputada de ARENA, es por los $17 millones, mientras ella fungía como directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), entre 1999 y 2001.
El otro caso, es el relacionado a los $38.5 millones en la administración del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE), mientras fungió como Vicepresidenta de la República y del comité calificador de dicho fideicomiso.
Para Margarita Posada, Secretaria General del Foro de la Salud, esta solicitud responde a la necesidad de la población por conocer este tipo de casos, dado que la sociedad civil es la menos informada sobre los casos de corrupción de los funcionarios públicos en el país.
“El caso de los $17 millones, a pesar que ya prescribió, consideramos que no es legal, ni ético, por parte de la diputada de ARENA. Ella debe de estar abierta a que se abra el expediente y que se limpie su nombre”, expresó Margarita Posada.
Asimismo, Posada agregó la importancia de que el pueblo conozca este tipo de acciones “porque el pueblo no conoce el mal uso de los recursos públicos que le afectan a la economía y los programas sociales”.
El objetivo principal del Foro Nacional de la Salud, es realizar un resumen que pueda ser captado con facilidad por parte de la población salvadoreña.
Mientras, en el caso de los $38.5 millones, ella benefició a un total de 15 empresas que recibieron fondos presuntamente producto del tráfico de influencia o de irregularidades, del comité regidor del fideicomiso.
Para Miguel Orellana, miembro del Foro Nacional de la Salud, esta solicitud no responde acciones políticas electorales. Es por la necesidad de los ejercicios de contraloría social que la sociedad civil está obligada a realizar y que los funcionarios públicos deben responder.
Junto a Ana Vilma de Escobar, se encuentran señalados Eduardo Zablah, Carmen Regina Flores, Nicola Angelicci Silva, ex presidente del BMI, Yolanda Mayora de Gavidia, Ricardo Esmahan, quienes manejaron el Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE).
La solicitud fue recibida por Ana Imelda Márquez, como jefa del departamento de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas, como también por Milton Jerónimo Rodríguez, Gerente General de la institución controladora.
