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CEPAL
El Segundo foro internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores, viagra que concluyó el viernes en Ciudad de México, advice consideró deseable y viable aplicar un enfoque de derechos en las políticas públicas dirigidas a este grupo social en América Latina y el Caribe para avanzar en la reducción de la pobreza, tadalafil la desigualdad y la discriminación de las personas de edad avanzada.
Este segundo foro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de la Ciudad de México, dio continuidad a la primera reunión celebrada también en la capital mexicana en marzo de 2012, que sirvió de marco para la elaboración de la Carta de San José sobre los derechos humanos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, adoptada en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento de América Latina y el Caribe de 2012.
Los organizadores de este segundo encuentro, que se enmarca en el proceso de implementación y seguimiento de esa Carta, consideran que sus conclusiones pueden coadyuvar a la vez al impulso de una convención internacional de los derechos humanos de las personas mayores que permitiría interpretar esos derechos en el contexto del envejecimiento, clarificar posibles ambigüedades y facilitar su promoción y protección.
En el foro, inaugurado el 3 de junio, representantes de distintas organizaciones internacionales y expertos de varios países del mundo analizaron la protección de los derechos y la dignidad de las personas mayores en aspectos como la autonomía y capacidad legal en la vejez, los sistemas de pensiones y los servicios sociales, y presentaron distintas buenas prácticas puestas en marcha tanto en la región como fuera de ella.
En el caso de América Latina y el Caribe, en 2010 las personas de 60 años y más representaban 9,8 % del total de la población y se estima que en 2015 esa tasa se situará en 11,2 %, según cifras del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de Naciones Unidas.
En sus conclusiones, el foro plantea que los cuidados de la vejez no pueden seguir siendo abordados como una cuestión familiar y que “los gobiernos de los diferentes países que han participado en este foro tienen la oportunidad de generar hoy las políticas públicas que atiendan a las generaciones de personas mayores por venir”.
Se propone para ello “avanzar en la construcción del cuidado como un nuevo riesgo social que debe ser incorporado en los sistemas de protección social por medio de una amplia variedad de servicios, beneficios y prestaciones”.
“El Estado tiene una responsabilidad con respecto a la protección de la dignidad de las personas mayores”, se subraya también en las conclusiones, en las que se manifiesta que “es deseable y viable” que esas políticas tengan un enfoque de derechos y que estén orientadas a reducir la desigualdad, la pobreza y la discriminación hacia las personas mayores y a generar los mecanismos y los marcos legales para proteger sus derechos.
Entre las medidas que deben emprender los Estados para combatir la discriminación, el foro plantea la eliminación de las barreras legales e institucionales, la prohibición legal y la sanción de la discriminación por razón de edad y la aplicación de medidas especiales y de acción positiva.
El foro señala asimismo que las mujeres mayores “siguen sufriendo de una doble discriminación en función de su edad y género”, por lo que “el enfoque de género debe de estar presente de manera transversal” en el diseño y aplicación de esas políticas públicas.
Además, los participantes plantearon “la necesidad de seguir avanzando en materia de pensiones no contributivas en la región de América Latina y el Caribe, debido a que la falta de cobertura y calidad de los sistemas de seguridad social las convierte en un factor de dignificación, autonomía y, sobre todo, de empoderamiento”.
