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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Ados semanas del vencimiento de la prórroga dada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que la Asamblea Legislativa emita una Ley de Reconciliación Nacional que asegure los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los hechos del conflicto civil, la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-memoria Histórica manifestaron que el parlamento se encamina a la promulgación de la ley sin escuchar a las víctimas.
Los colectivos instaron a los diputados a desistir de promover una ley que asegure la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado.
Eduardo García, portavoz de la Asociación Pro Búsqueda dijo que a más de tres años de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, los esfuerzos por dictar una ley que la sustituya han tenido escasa atención de parte de los legisladores.
“El comienzo de la formulación de la ley fue con mal pie, cuando se instaló una comisión ad hoc en la que sus integrantes participaron de forma activa en el conflicto armado y algunos hasta señalados de crímenes de lesa humanidad”, reflexionó García.
Para el director de litigios estratégicos de Cristosal, David Morales, los foros en los que se ha dado la oportunidad a las víctimas de dar su testimonio sobre el conflicto carecieron de la metodología necesaria para informarles de las disposiciones de la nueva ley.
“No se mostró a las víctimas los contenidos de los propuestas de ley, no se mostraron los artículos en los que ellos piden que se evite la cárcel para los victimarios, no les explicaron sobre el financiamiento de las reparaciones”, puntualizó Morales.
El exprocurador de Derechos Humanos detalló que la Fiscalía General de la República contará con “plazos fatales” para archivar los casos y se contempla que no puedan abrirse nunca más al ser considerados como “ya juzgados”, además, después de seis meses las víctimas no podrán interponer denuncias, lo que atentaría contra la naturaleza imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad.
La Asamblea Legislativa pretende manipular a las víctimas que desconocen lo anterior para legitimar su proyecto de ley, aseveró Morales, y agregó que los foros de alguna manera sirvieron para que los diputados conocieran el horror de los crímenes de guerra, pero que estos no constituyen una verdadera consulta como mandató la Sala.
El representante de Cristosal dijo que en cinco meses han solicitado audiencia a la comisión encargada en cuatro ocasiones sin recibir respuesta, cuando la misma sentencia de la Sala ordena escuchar a las organizaciones y advirtió además de la supuesta existencia de un borrador desconocido de la ley. El parlamento tiene hasta el 28 de febrero para legislar.
