Patricia Iraheta
La reciente denuncia hecha por la Dra. Vanda Pignato, viagra Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República, ambulance sobre la negación y coacción política hecha por el Director del Instituto de Medicina Legal (IML), shop para que no se proporcionen los servicios que corresponden a esta institución en Ciudad Mujer de San Miguel, son de alta preocupación, dado la enorme responsabilidad que este instituto tiene para garantizar el debido proceso a las mujeres víctimas de la violencia de género.
La ausencia o un mal diagnostico o peritaje del IML repercute en la falta de pruebas que son determinantes en el proceso judicial contra los agresores. La violación requiere de las pruebas de ADN para la identificación de violadores, así como los exámenes y diagnósticos en los casos de violencia física, de ello depende el grado de la pena que puede tener un imputado o su libertad, puesto que las pruebas de medicina legal son las que determinan la magnitud física y psicológica del delito.
Aunque el Director de Medicina Legal ha negado que haya coaccionado a personal de este Instituto para que desarrolle con normalidad su trabajo en el Programa Ciudad Mujer, la Corte Suprema de Justicia y especialmente la Sala de lo Constitucional tiene la responsabilidad jurídica de ser coherente con la sentencia recién emitida en cuanto a la prohibición a funcionariado publico de utilizar o hacer prevalecer su cargo con fines electorales.
En la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia el Instituto de Medicina Legal está obligado a contribuir a su cumplimiento, sin embargo el Director incumple esta ley, no solo por pretender omitir los servicios en Ciudad Mujer, sino también por sus declaraciones públicas en respuesta a las declaraciones de la Dra. Pignato:
• El carácter y el tono de las declaraciones del Director del Instituto de Medicina Legal indican que no tiene conocimientos de las diversas formas de violencia contra las mujeres, con lo cual de acuerdo al artículo 21 de la Ley, la Corte Suprema de Justicia, debe ordenarle recibir formación y sensibilizado en Violencia de Género.
• Ante las declaraciones de la Dra. Vanda Pignato, Fortín Magaña ha incurrido en el delito de Obstaculización al Acceso a la Justicia para las Mujeres (Art.47 LIEV), que dice que “Quien en el ejercicio de una función pública propiciare, promoviere o tolerare, la impunidad u obstaculizare la investigación, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta ley, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación para la función pública que desempeña por el mismo plazo”.
• Al referirse a las declaraciones de la Dra. Pignato, en La Prensa Grafica (1 de marzo, 2014) y en las que expresa: “…..Basta ya de abusos de un autoritarista como es el marido y como es ella, que realmente creen que pueden decir e insultar a cualquier persona porque se escuda uno en el fuero y sus caravanas blindadas, y la otra en las malcriadezas que ha aprendido del esposo” .
Este funcionario no solo está discriminando a la Dra. Pignato por el hecho de ser mujer, utilizando su condición civil con el Presidente como forma de discriminación, sino que ha incurrido en la falta de “Expresiones Verbales de Violencia” al desacreditar dichas declaraciones de forma irrespetuosa, puesto que el Art.55 de la LIEV, establece “Quien realizare cualquiera de las siguientes conductas, será sancionado con multa de dos a veinticinco salarios mínimos del comercio y servicio; literal c, “Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente ley”.
Es visible y reiterada la posición política del Director de Medicina Legal, la cual esta decantada hacia el partido ARENA, conducta mostrada en su papel en el caso de “Beatriz”, al haber incurrido en faltas similares, contra la Ministra de Salud y su personal, al contradecir de forma irresponsable los informes del personal médico del Ministerio de Salud y adquirir una posición adscrita al Movimiento Si a la Vida, adscrito al partido ARENA.
La Sala de lo Constitucional tiene suficiente trabajo en función de los intereses del pueblo salvadoreño y especialmente en la garantía del acceso a la justicia de las mujeres, depurando el órgano judicial de personas como del Dr. Fortin quien ha mostrado resistencia para contribuir al cumplimiento de este derecho de forma repetida e irresponsable.