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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Federación de Pueblos Originarios del Sur realizó un llamado a la población que se encuentra realizando esfuerzos por la defensa de los bienes naturales en sus territorios a unirse y defender los derechos de la naturaleza y las personas.
“Hermanos y hermanas de los pueblos en resistencia, compañeros y compañeras, amigos y amigas quienes anhelamos que todas nuestras voces sean una voz. Nosotros los herederos y herederas del taita Anastasio Aquino, 190 años después del levantamientos de los Nonualcos alzamos nuestra voz”, dice la Federación de Pueblos Originarios del Sur.
Anastasio Aquino, nació el 16 de abril de 1792 y fue asesinado el 24 de julio de 1833, reconocido como un líder nato indígena, adalid de la insurrección de “Los Nonualcos”, un levantamiento campesino en El Salvador, ocurrido en 1833. Y según datos biográficos perteneció al linaje de los “taytes” o caciques de la etnia nonualca, que por su entrega en defensa del Pueblo Indígena, se posiciona como la “conciencia de identidad cuscatleca”.
“No podemos callar lo que el sagrado fuego pide que digamos. El hablar florida surgida de su interior nos ha sido otorgada y como Federación de Pueblos Originarios del Sur ahora queremos sembrar su semilla mediante la voz nahúa que nos pertenece: aquí estamos, la esperanza se construye y otro mundo es posible”, agrega la Federación.
Entre sus preocupaciones, la Federación de los Pueblos Indígenas del Sur señala la situación de derechos humanos en el país y en especial de la población campesina e indígena que defiende derechos de las personas y el medio ambiente ante los proyectos de extracción de los bienes naturales en sus territorios.
“Vemos con mucha preocupación como la historia se repite de nuevo, ya que tal como sucedió aquel febrero de 1833, el pueblo sigue siendo sometido a condiciones que vulneran sus derechos mientras se les niega toda oportunidad del buen vivir”, afirmó.
“Hoy, al igual que hace 190 años, quienes ostentan el poder continúan sumiéndonos cada día más en la pobreza y la marginación. Se nos niega salud, agua, tierra, educación de calidad y alimentación de calidad, así como, nuestra propia historia y nuestra tan anhelada autonomía”, señala.
Igualmente, denuncia que “adentrando un nuevo siglo se nos sigue estimando fantasmas en los territorios” , reclamando que fueron tierras que habitaron y pertenecieron a sus “abuelos y abuelas”, mucho antes de la llegada de la conquista española. Y ante esta realidad histórica y actual rechazaron cualquier medida o acción gubernamental que atente contra sus raíces étnicas y el entorno del cual sobreviven.
“Alto a la destrucción de nuestra Madre Tierra, no más proyectos de muerte en nombre de un progreso que sólo beneficia a transnacionales y perpetúa nuestro empobrecimiento, exigimos respeto a la Declaración de Las Américas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, pide la Federación.
La Federación también pide un Alto a los proyectos en Valle El Ángel, Río Sesunapan, Surf City 2, Cancún El Salvador, y el Proyecto Minero Transnacional Cerro Blanco. De igual manera, se pronunciaron en contra de la “detención arbitraria” de los cinco defensores de derechos ambientales de Cabañas, ADES- Santa Marta: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas. Y otros directivos de ADES: Teodoro Antonio Pacheco (director) y Saúl Agustín Rivas (jurídico), el pasado 11 de enero del presente año.
“Alto a las detenciones arbitrarias en nuestros territorios. No más criminalización de nuestros líderes, voceros y representantes; apelamos a la seguridad jurídica de ellos y ellas, de acuerdo con el artículo 9 del Acuerdo de Escazú”, alegó la Federación.
El Acuerdo de Escazú, que no ha sido firmado por el Ejecutivo, se trata de una resolución que tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental”, que permite un marco jurídico de protección de derechos humanos de los Pueblos Indígenas en sus territorios.
La Federación pide, además: “Que los detenidos indígenas bajo el Régimen de Excepción, sean atendidos bajo medidas especiales según regula el artículo 10 del C 107 del Convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo/ONU), denominado -Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales”, al cual el Estado salvadoreño está adherido”, subrayó la FPOS.
Asimismo, “urge” al gobierno dar “especial atención hacia los casos de los hermanos de ADES Santa Marta, Bajo Lempa, Levi Morales (Nahuizalco), Benjamín Heriberto Muñoz y otros”.
En otro tema, también pide que “Se garanticen medidas para establecer la soberanía alimentaria en nuestros territorios. Garantizar la alimentación es obligación del Estado en tanto el artículo 1 de la Constitución de la República reza -es obligación del Estado asegurar la salud, el bienestar económico y la justicia social”.
Asimismo, pide un “Alto a los cánones de la ASA (Autoridad Salvadoreña del Agua) para juntas de agua y regadíos de campesinos artesanales, no más cobros arbitrarios en el uso de nuestra sagrada agua afectando a los empobrecidos mientras las grandes empresas como las azucareras, embotelladoras y otras siguen favorecidas”.
La Federación de Pueblos Originarios del Sur reiteró el llamado a otros grupos sociales a unirse y la sociedad en general a fin de unir esfuerzos en defensa de la vida misma de los y las salvadoreñas.
