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Por Alexander Martínez
Caracas/AFP
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó un proyecto de ley que acorta los plazos para un referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro, y empezó a discutir una enmienda que reduciría su mandato, aunque juristas ven difícil concretar ambas normas por escollos legales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, declaró la llamada «ley de referendos» tras la segunda discusión reglamentaria y ante el rechazo de la bancada chavista.
Inmediatamente, el bloque opositor avaló en primer debate una enmienda que plantea reducir de seis a cuatro años el período de Maduro, que el martes cumplió la mitad del mandato en medio de una aguda crisis económica.
La norma, que para convertirse en ley debe ser sancionada por el mandatario socialista, fija un plazo de tres meses y medio para gestionar y realizar referendos, incluido el revocatorio de cargos de elección popular.
Ha llegado el momento de «preguntarle al país si quiere que el peor gobierno de la historia de Venezuela, el de Nicolás Maduro, se mantenga en el poder o si quiere abrir las puertas a un nuevo futuro», dijo durante el debate el diputado opositor Tomás Guanipa.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que asumió el control del Parlamento el pasado 5 de enero tras 17 años de hegemonía chavista- impulsa el revocatorio junto con la enmienda y sistemáticos pedidos de renuncia a Maduro.
La enmienda, que debe ser refrendada por voto popular, plantea además eliminar la reelección indefinida y consagrarla de forma inmediata por una sola vez.
«Fracaso anunciado»
El gobernante cumplió el martes la mitad de su período, prometiendo ante miles de partidarios derrotar los planes de la oposición para sacarlo del poder.
Maduro ha dicho en varias oportunidades que le cerrará el paso a esas tentativas, que considera parte de un «golpe de Estado continuado».
«Es la crónica de un fracaso anunciado porque (…) los números no les dan, no les dan los votos. En sus mismas redes sociales se decía que el referendo no va», afirmó durante la discusión la legisladora oficialista Tania Díaz.
Por ello, añadió, «vienen hoy con una supuesta enmienda constitucional, sacando cartas de mago debajo de la manga porque no tienen al pueblo, no tienen los votos. Ustedes llegaron ahí por la trampa que le hicieron al pueblo venezolano sometiéndolo a una ‘guerra económica'».
Expertos constitucionalistas como José Ignacio Hernández han advertido sobre las dificultades para aplicar la «ley de referendos», recordando que muy seguramente deba pasar el filtro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la MUD acusa de ser un apéndice del chavismo.
«No es de extrañar que luego de aprobada (…), el conflicto sea elevado a la Sala Constitucional (del TSJ), que tendrá que decidir si la Asamblea podía aprobar la Ley sin la iniciativa del Consejo Nacional Electoral (CNE)», señaló Hernández.
El jurista aludía a la notificación que el CNE le hiciera al Congreso el pasado 4 de abril, indicando que soló ese organismo -al que la oposición también acusa de estar al servicio de Maduro- tiene la iniciativa legislativa en cuestiones electorales.
Ese argumento podría ser utilizado para que el mandatario pida declarar ilegal la norma ante la Sala Constitucional, que el pasado 11 de abril anuló, por pedido del presidente, una amnistía para opositores presos alegando que la ley iba más allá de los delitos políticos.
«La Constitución va a triunfar», previó la diputada Díaz. Según analistas, la enmienda también debería transitar el camino del TSJ.
Legalmente, el revocatorio puede ser solicitado una vez que el mandatario cumpla la mitad de su gobierno, pero es el CNE el que debe dar el banderazo de salida para la recolección de cuatro millones de firmas requeridas para convocar la consulta, en tres días y con huella dactilar.
Si el proceso para convocar la consulta arrancara este mes, la misma se podría celebrar a finales de año, estiman dirigentes de la MUD basados en un reglamento del CNE.
La MUD quiere que el revocatorio se haga este año, pues si se posterga para 2017 el vicepresidente -designado por el presidente- culminaría el mandato en caso de que Maduro pierda, según establece la Constitución.
La coalición aguarda desde hace un mes que el CNE entregue unas planillas para recaudar 200.000 firmas necesarias solamente para activar el proceso.
