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Carlos Mauricio Hernández
Francisco Flores Pérez es un caso muy sugerente para comprender por qué en países como El Salvador existen altas tasas de criminalidad que se expresan con asaltos, here sicariatos, maras o pandillas, extorsiones y homicidios. Aquí se mencionan dos elementos, de muchos otros que se pudieran analizar, a partir de un caso tan emblemático para Centroamérica y el resto del mundo, por tratarse de una persona que durante cinco años fue el jefe de Estado y jefe de Gobierno de una República “democrática” moderna.
En primer lugar y sin afán de violar el principio de inocencia –que a estas alturas lo inocente sería creer que Flores tiene las manos limpias– se puede dilucidar cómo una pésima gestión gubernamental puede tener efectos sociales tan adversos para la mayoría de la población. Cuando los políticos que dirigen la cosa pública no hacen uso racional y en beneficio de la ciudadanía de los recursos disponibles, sino que se ocupan en función de intereses privados, con claros vicios de corrupción, lo cual cae en lo ilegal e inmoral, no sólo es un problema que deja sin fondo a las arcas del Estado. Mucha gente en El Salvador piensa que “todos los políticos roban” y por tanto eso se vuelve una disculpa pública al ladrón y de paso se alimenta la cultura de la “vivianada” con el indulto de instituciones como la Corte de Cuentas y la misma Fiscalía General de la República (FRG). Así se explica que existan alcaldes, diputados y otro tipo de funcionarios públicos, con reconocidas situaciones de gestiones irregulares con “finiquitos” obtenidos de forma oscura pero con resultados favorables a este tipo de personajes en eventos electorales. Así se convierten en símbolos sociales de éxito por la vía de la trampa y de la ilegalidad. No es por esto casual que las maras tengan así tierra fértil para crecer y reproducirse en un lugar donde la gente que debería de tener “honorabilidad notoria” para acceder a cargos públicos sean a su vez quienes violen las normas establecidas en la Constitución y otras leyes secundarias. Por ejemplo, el Código Electoral tipifica de delito la compra de votos y cuántos innumerables casos existen en el país sin ser ni siquiera denunciados por temor o por creer que no se puede hacer nada contra eso. En este sentido Flores y en general, políticos violadores de las leyes se convierte en figuras a imitar para los delincuentes. Les copian en esencia su conducta porque ven en ellos ejemplos de cómo hacer mal las cosas sin que eso represente mayores consecuencias por parte de las instituciones que velan por la justicia. Tan delincuente es un pandillero que extorsiona o asesina que un político que desfalca al Estado, en grados distintos como es evidente.
El segundo aspecto tiene que ver con el proceder del sistema de judicial salvadoreño y de la misma Fiscalía. ¿Cómo puede ser posible que un tipo acusado de malversar millones de dólares, de haber estado prófugo de la justicia, de haber hecho un daño grave al Estado, en lugar de colocarlo inmediatamente en la cárcel, el juez Levis Italmir Orellana, le decretó arresto domiciliar? Es simplemente un sinsentido desde un punto de vista crítico y justo. Es inconcebible desde una perspectiva racional o razonable. Con toda legitimidad una persona que hace algunos años estuvo alrededor de tres días en las bartolinas por hacer escándalos públicos (ruidos a altas horas de la noche por pasarse de tragos con alcohol) y salir corriendo en huida de la policía, se preguntó en su muro de Facebook ¿por qué él sí había estado preso y Flores que le causó mal a toda una nación con delitos totalmente de otro orden de delitos muchísimo más graves, lo mandaban a su casa?
De esta manera, el caso Flores da pistas de cómo una pobre (y no tanto por falta de recursos económicos) FGR en contubernio con algunos jueces, le hacen honor a la sabiduría detrás del dicho popular que compara a la Justicia con la serpiente: sólo muerde al descalzo. Por ello, algunas preguntas que debería de hacerse la ciudadanía, sobre todo con respecto del tema de la delincuencia que tanto está presente en nuestra realidad, a partir del caso Flores son: ¿cómo no va a existir tanta delincuencia si aquí reina la impunidad cuando se trata de personas “importantes” con mucho dinero? ¿por qué sólo se culpa al Ejecutivo de la inseguridad y no tanto al Órgano Judicial, que es en última instancia el que condena o exonera? ¿por qué sólo se le pide a la PNC más patrullajes y efectividad contra el crimen pero no se le enfrenta con esa misma beligerancia a la FGR o a jueces específicos? No se trata aquí de insinuar una disculpa fácil hacia el Gobierno, sino de buscar examinar en su justa dimensión un problema tan complejo y abandonar la visión miope que tanto reina en muchos de los análisis sobre la seguridad en El Salvador. Es necesario hacerlo, de lo contrario las medicinas seguirán atacando los síntomas y no la raíz del problema.
