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No, online señores magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No dudamos de que hay muchos personajes oscuros de la vida política salvadoreña que no solo le han hecho fraude a la Constitución, advice sino que le han hecho fraude al pueblo salvadoreño, a los y las votantes.
Por ejemplo, consideramos fraude a los electores la campaña de la fórmula presidencial del partido ARENA, cuando ofreció “eliminar las pandillas”, cuando dijo que “militarizaría” la seguridad pública.
Seguramente ustedes señores magistrados, no se creyeron semejantes ofertas electorales, como no se lo creyó el electorado y por eso rechazaron esa fórmula presidencial en la primera vuelta, y lo harán nuevamente en segunda vuelta.
Y es que nadie en su sano juicio puede creer que un gobierno, si actúa apegado a derecho, con la bandera democrática, pueda tan siquiera decir que va a eliminar un sector social históricamente excluido y arrastrado a la delincuencia como es el fenómeno de las maras y pandillas. Entonces, si un candidato dice apegarse a la Constitución y propone algo que es imposible hacerlo por las condiciones objetivas de una sociedad, y a pesar de ello, lo dice en campaña electoral, entonces ha cometido un fraude a los electores.
El mismo razonamiento se puede hacer, de la promesa de la fórmula presidencial de ARENA, al ofrecer militarizar la seguridad pública, dado que, por un lado, la misma Constitución lo prohibe, y en segundo lugar, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que sentenció aludiendo esa disposición constitucional.
O sea, pues, si un candidato o candidatos ofrecen cosas contrarias a la Constitución, no dudamos en afirmar que esa fórmula presidencial ha pretendido cometer un fraude contra los electores, lo que sería más grave que los supuestos fraudes a la Constitución a la que aluden los señores magistrados de la Sala.
El permiso que la señora Primera Dama de la República, Vanda Pignato, pidió a la presidencia fue un gesto político de altura y de transparencia jamás visto en procesos electorales pretéritos de político alguno.
La señora Primera Dama, al solicitar el permiso para dedicarse a la campaña electoral, un derecho político consagrado por nuestra constitución y en la declaración universal de los derechos humanos, no hizo más que actuar honesta y transparentemente, digno de reconocerlo, no solo por la ciudadanía, sino por la distinguida autoridad como la que sustentan los señores magistrados de la Sala, dado que la prohibición no es permanente aún, en tanto que no hay una resolución definitiva, se esperaría que la Sala de lo Constitucional premie la honestidad y transparencia de funcionarios y funcionarias como la Primera Dama de la República. En tal sentido afirmamos que la presunción del fraude a la Constitución no existe, por lo menos en este caso.
