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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es “Toda acción contraria a la verdad y rectitud, dirigida a engañar, partiendo de la elución de una disposición legal cometida por quien debiera evitar que tal ilícito sea ejecutado”.
Partiendo de esta definición abordemos lo sucedido el pasado martes 18, cuando los diputados oficialistas acompañados de los rémoras de siempre, votaron para que al proceso electoral venidero le sea admitido el voto electrónico.
Donde ha sido usado, los EEUU, por ejemplo, no ha supuesto un proceso transparente, sino por el contrario se le han señalado todo un abanico de acciones tendenciosas que evidencian cómo se puede manipular arbitrariamente los resultados.
Así, por ejemplo, a pesar de haber sido el vicepresidente Alfred Gore el que superara electoralmente a su contraparte George Bush, este último fue declarado ganador por meros tecnicismos arbitrarios, sujetos a la interpretación que el colegio electoral hiciera de los números reunidos en aquellas elecciones.
Otro tanto sucedió durante las votaciones seguidas por Hillary Clinton y Donald Trump, cuando a pesar de haber sido superado este último fue declarado ganador por básicamente las mismas razones.
Los ejemplos evidencian que claramente quien comete un fraude electoral es parte del estamento cuya tarea es la de garantizar la transparencia del proceso electoral, lo que en los casos reseñados como en los que se sucedieran en las diferentes latitudes bajo este mismo esquema se cometieron.
Ello ha llevado a, por ejemplo, la UE, la FR, los estados africanos en su mayoría y los asiáticos, prohíban su uso por las irregularidades que ha implicado las diferentes experiencias tenidas con esta.
Con estos antecedentes podemos afirmar que su uso como método principal para ejercer el voto, tiene una sola intencionalidad: la manipulación de los resultados.
Ello porque los dados están cargados a favor del oficialismo, no solo por haber cooptado el aparato judicial, la FGR, la PGR y la PDDH, corrompiendo por extensión a todo el aparato estatal, ubicando elementos partidarios incondicionales en los estamentos claves, cuya tarea sin duda podría facilitar no solo los recursos estatales para este fin, también encubrir de ser necesario cualquier evidencia que exponga al oficialismo.
¿Porque un fraude si ya había sido superado?
Para conservarse impunes.
Para que ningún potencial relevo pueda procesar al actual régimen por el enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas y asesinatos cometidos descarnadamente en esta gestión.
No solo hablamos de $3,000,000,000.00 utilizados arbitrariamente, de los que no se ha dado cuenta, agravado por las medidas orientadas a denegar cualquier información de naturaleza pública.
¿Y qué hay de los ciudadanos que bajo detención fallecieron con clara evidencia de acuerdo a los familiares, de tortura?, al no definirse su statu jurídico fenecieron inocentes y el estado debe dar cuentas por sus muertes, así como por los alijos de drogas detenidos en nuestros puertos que luego han aparecido en puertos españoles.
Como sea, mucha sangre corrió desde que el estado salvadoreño cometió fraude, y no podemos permitirnos que suceda de nuevo.
