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Por Leonel Herrera*
Varios analistas críticos utilizan el término “fraude estructural” para definir el proceso fraudulento que inició el 1o de mayo de 2021, con el nombramiento ilegal de los magistrados que avalaron la inconstitucional candidatura del presidente Nayib Bukele, y culminó con la tristemente célebre jornada electoral del pasado 4 de febrero.
Los ponentes del “fraude estructural” señalan la candidatura de Bukele prohibida en al menos siete artículos de la Constitución de la República, el régimen de suspensión de derechos ciudadanos en el que se realizó la campaña y las elecciones, el conjunto de reformas que remarcaron la cancha electoral a favor del oficialismo, la sumisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el abuso de los recursos públicos en la campaña oficialista, el boicot económico a los partidos de oposición y la campaña sucia que apelaba al miedo a las pandillas.
A lo anterior se suman todas la anomalías sucedidas durante elección: sustitución de miembros de las juntas receptoras de votos designados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por partidarios de Nuevas Ideas (NI), propaganda oficialista e inducción al voto en los centros de votación y la proclamación victoriosa de Bukele antes de los resultados preliminares del TSE, hecho que detonó la caótica situación que aún persiste hasta el momento de escribir esta columna.
Con eso vino la caída del sistema de registro y transmisión de resultados, duplicación y triplicación de votos en los primeros resultados publicados, actas sin firmas o sin sello, urnas con un número de papeletas mayor al padrón electoral, papeletas extraviadas y papeletas marcadas con plumón o sin doblez que probablemente fueron marcadas después de las elecciones.
A todo lo anterior, pueden sumarse otros aspectos más allá de lo legal-institucional que contribuyeron a configurar el fraude, sobre todo en el ámbito comunicacional. Además de la propaganda de miedo y chantaje de que “con un diputado menos (de NI) los pandilleros saldrán de la cárcel”, la campaña se caracterizó por la desinformación y lo que algunos autores llaman “trollismo político” que se expresó en la ausencia de debate serio, difusión de noticias falsas, polarización y apelación a las emociones de la gente a través del gigantesco aparataje mediático y digital del oficialismo.
La campaña electoral también se caracterizó por la falta de propuestas reales para resolver los problemas del país, especialmente sobre la precaria situación económica de la mayoría de la población provocada por el desempleo, los bajos salarios, el alto costo de los productos básicos, la crisis alimentaria, la falta de agua potable, etc.
Sólo algunos candidatos presidenciales y para diputados hicieron propuestas concretas; y la única fórmula presidencial que propuso una lista de 100 medidas para atender las urgencias del país fue la de Nuestro Tiempo. El presidente Bukele no hizo una sola propuesta, ni siquiera sobre cómo va a enfrentar la crisis de las finanzas públicas, uno de los problemas más apremiantes en su inconstitucional segundo mandato.
La única “propuesta” del candidato reelecto inconstitucionalmente fue mantener el régimen de excepción, al cual atribuye la reducción y desarticulación de las pandillas, sin mencionar las graves violaciones a derechos humanos, los abusos contra personas inocentes, la trasgresión de las reglas democráticas más elementales y las negociaciones con estos grupos criminales.
Por eso yo prefiero hablar de “fraude total” en vez de “fraude estructural”, ya que éste sobrepasó todas las estructuras legales e institucionales y abarcó también ámbitos comunicacionales, culturales, sociales y religiosos. Esto ha reconfigurando imaginarios sociales y consolidado una nueva hegemonía, lo cual -en el mediano y largo plazo- podría derivar en una especie de “bukelización” de la sociedad salvadoreña que podría convertirse en el sentido común de la dictadura del clan Bukele.
Por tanto, deberíamos hablar de un “fraude total” para caracterizar la tragedia democrática consumada el pasado 4 de febrero, que podría ser irreversible si los electorales que no votaron por Bukele y los que no fueron a votar renuncian a la perspectiva democrática y asumen como destino la consolidación autoritaria.
*Periodista y activista social.
