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Por Leonel Herrera*
Sabíamos que el fraude electoral del pasado 4 de febrero sería descomunal. En varias columnas de opinión advertí que éstas serían las elecciones menos transparentes, menos justas y menos libres de la historia democrática del país: candidatura inconstitucional del presidente, estado de suspensión de garantías constitucionales, modificación de las reglas electorales para favorecer al oficialismo, cooptación de la institucionalidad electoral por el gobierno de turno, abuso de los recursos públicos para hacer campaña, etc.
Sin embargo, las irregularidades cometidas durante la jornada electoral constituyen un escándalo mayor al que imaginábamos. Es una vergüenza que más de una semana después de las votaciones aún no estén los resultados oficiales de las elecciones legislativas y que a cada momento se conozcan nuevas anomalías del proceso que a estas alturas ya no tiene la más mínima credibilidad.
Primero conocimos la sustitución de miembros de Juntas Receptoras de Votos que habían sido designados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por militantes de Nuevas Ideas, la escasa vigilancia de los partidos de oposición, la propaganda oficialista en centros de votación, la inducción al voto y otras irregularidades.
Luego vimos el actuar fraudulento del presidente Nayib Bukele, quien violó el silencio electoral llamando a votar por su partido en plena jornada electoral, a través de su secretaría de prensa publicó una encuesta a boca de urna antes de los resultados preliminares oficiales y con esos datos se declaró ganador antes de tiempo, asegurando haber triunfado con el 85% de los votos y obtenido al menos 58 de las 60 diputaciones.
Este abuso de Bukele desencadenó el momento final del bochorno electoral: la caída del sistema de registro y transmisión de los resultados, la ruptura de la cadena de custodia de los materiales electorales y el destape de la caja de pandora de las irregularidades que todavía no paran de salir a luz pública.
Probablemente los sumisos y cobardes magistrados del TSE tomaron como una orden el anuncio presidencial de los 58 diputados y es posible que la presión por lograr que los números cuadren dicho resultado provocó el colapso del sistema: la duplicación y triplicación de votos en los primeros datos oficiales y el prolongado sabotaje a la realización del conteo, podrían ser indicios de tal situación.
La penosa actuación del TSE también se confirma con la denuncia de los magistrados suplentes que se han distanciado del proceso electoral y la admisión de la propia magistrada presidenta sobre que el proceso pudo haber sufrido interferencias externas.
El fraude también representa la caída del ente electoral resultante de los Acuerdos de Paz que durante treinta años consolidó altos niveles de transparencia y credibilidad. El final del TSE se consumó con la sumisión de la mayoría de magistrados a los deseos autoritarios de Bukele, la incidencia oficialista en sus decisiones operativas y el desastroso desempeño institucional en la jornada electoral del 4 de febrero. En un país mínimamente decente los magistrados renunciarían y las elecciones serían anuladas.
Por lo demás, este fraude -que hace recordar a los fraudes que hacían los gobiernos militares en los años 60 y 70 del siglo pasado- significa el fin del breve período democrático del país propiciado por los Acuerdos de Paz y marca el inicio de una nueva fase autoritaria, antidemocrática y dictatorial.
En su acto de celebración del gane Bukele habló desde el balcón del Palacio Nacional, como monarca a sus súbditos. En su discurso maldijo especialmente a la prensa crítica y la comunidad internacional, habló de “pulverizar” a la oposición política y anunció la instalación de la “primera democracia pluralista con partido único en el mundo”. El Salvador vive uno de los momentos más oscuros de su historia.
*Periodista y activista social.
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