Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán vio frustrada una acción judicial, por él ordenada, en el juicio que se ventila contra un grupo de militares en calidad de retiro, por ser sospechosos de la conocida masacre de El Mozote y lugares aledaños. El juez ordenó a la Fuerza Armada, hace un par de semanas, que permitiera revisar los archivos que la institución castrense conserva en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
La pesquisa que se iba realizar ayer había generado algún grado de expectativa, pues no se sabía cuál iba a ser la respuesta de la institución castrense sobre la orden del juez de Instrucción. Hasta antes de el lunes, todas las peticiones hechas a la Fuerza Armada para que liberen información sobre las masacres habían sido más por la vía de un gesto de buena voluntad, tras suponer que la Fuerza Armada después del acuerdo de paz es distinta a la estructura militar de antes y durante la guerra civil. De acuerdo con la Constitución, la Fuerza Armada es “obediente” y, por ende, respetuosa de la ley y las instancias que la aplican.
Pero no, la Fuerza Armada es la misma instancia castrense desde siempre, que hace más honor a una “ley no escrita” conocida como la “unidad de cuerpo” a cualquier doctrina militar independientemente de quien la haya elaborado o formulado.
La actual cúpula militar, léase Ministerio de Defensa y Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, prefirió salvaguardar a sus compañeros de armas, que cumplir una orden de un juez para que se haga justicia. La institución castrense, en toda la historia del país, ha sido un poder no solo fáctico, sino real y, a veces, hasta peligroso.
Algunos critican a los dos gobiernos del FMLN, porque no controlaron a la institución armada como la Constitución manda, que sus comandantes generales, es decir, los dos presidentes antes del actual no lograron imponer la doctrina pro-derechos humanos, memoria histórica y justicia por temor a la reacción de la casta militar, sobre todo los retirados.
Sin embargo, no solo los retirados siguen siendo una amenaza para la justicia y la democracia en el país, también las nuevas generaciones, las de postguerra, porque en su formación la “unidad de cuerpo” está sobre cualquier cosa. Aparenta obediencia al poder civil, solo para demostrar que pueden ser aliados de cualquier mandatario, si se les reconoce como el poder que son.
La utilización que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, el 9 de febrero, no fue porque el contralmirante Francis Merino, ministro de Defensa, fuera obediente al mandatario, sino para demostrar que la Fuerza Armada es necesaria y tiene poder real. Lo que la Fuerza Armada hizo el lunes, sin lugar a duda, fue muy grave, tan grave como lo que hicieron el 9 de febrero al incursionar a la Asamblea Legislativa, y eso no debe quedar como una acción propia de los militares y no debe pasar nada.
Al contrario, hay que comenzar un debate, para que de verdad se someta a la Fuerza Armada al poder civil, como dice la Constitución, o comenzar el debate para la desaparición de esa institución, porque es una amenaza latente para la democracia, tal como quedó demostrado el 9 de febrero y lo ocurrido el lunes.
Hoy que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa encabeza a un grupo “técnico” para analizar reformas a la Constitución, debería plantearse una reforma para eliminar a la institución armada. Sus cuarteles deberían servir más para escuelas u hospitales y no para preparar a seres humanos que quieren hacerse valer a través de las armas.
Lo ocurrido el lunes, que demuestra que la institución castrense no es obediente, tal como también dice la Constitución, pues desobedeció lo dispuestos por un juez, debe respaldar un debate como el arriba propuesto.
