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Por Leticia Pineda
Iguala/AFP
Los centenares de policías y militares desplegados en la ciudad mexicana de Iguala (sur) pretenden este martes acelerar la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de diez días y dar alguna certeza sobre su suerte a las desesperadas familias.
Los padres de los jóvenes siguen negándose a creer, case como temen las autoridades, que algunos de los estudiantes estén entre los 28 cadáveres desenterrados de fosas clandestinas halladas en un área montañosa de Iguala y que aún no han sido identificados.
En medio de la indignación nacional que ha generado este caso, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó el lunes el envío de fuerzas federales e investigadores para asumir el control de Iguala, cuya policía municipal es sospechosa de haber colaborado con narcotraficantes en los tiroteos contra los estudiantes que precedieron a las desapariciones.
Después de desarmar a todos los agentes municipales y de trasladarlos a una base militar lejana para ser evaluados, el flamante nuevo cuerpo policial de Gendarmería quedó encargado de la seguridad de esta ciudad de 140.000 habitantes en la empobrecida y convulsa región de Guerrero.
Vamos a estar «el tiempo necesario para el restablecimiento de la tranquilidad y hasta que se aclaren todos los hechos», aseguró la noche del lunes a la prensa el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, al mando de unos 400 agentes.
Las autoridades no precisaron la cifra de policías locales desarmados, pero la fiscalía estatal interrogó la semana pasada a 143 agentes y detuvo a 22 de ellos, acusados de trabajar al servicio del cártel local Guerreros Unidos.
Ojalá que el despliegue de fuerzas federales «no fuera nada más que cuando hay problemas (…) porque nosotros, como ciudadanos, en muchas ocasiones nos sentimos desprotegidos», dijo a la AFP Ilario Villalobos, vecino de Iguala.
Peña Nieto prometió que su gobierno castigará a los responsables de este crimen que ha sido calificado por Naciones Unidas como uno de «los sucesos más terribles de los tiempos recientes» en México.
Milicias anuncian colaboración
Entretanto, miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, una organización indígena que desde hace 17 años se armó para proteger a sus comunidades, anunciaron que se unirán sin sus armas a las labores de búsqueda de los jóvenes.
En un breve mensaje a medios locales, los milicianos precisaron que lo harán porque entre ellos también hay padres de los estudiantes.
Los jóvenes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre cuando policías y narcotraficantes dispararon -por motivos desconocidos- contra varios autobuses de los que se habían apoderado para regresar desde Iguala -donde fueron a recaudar fondos- a su cercana escuela de magisterio de Ayotzinapa, un centro rural conocido por su activismo de izquierda.
En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportó la desaparición de los 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez en patrullas policiales.
Desde entonces, el combativo colegio de Ayotzinapa se ha convertido en centro de reunión de familiares, que se resisten a creer que sus hijos estén muertos y acusan a la policía local de su desaparición.
«Queremos que nos los devuelvan, nos estamos muriendo», confesó uno de los padres, un campesino de rostro curtido por el sol y sombrero ranchero.
La fiscalía regional asegura que dos sicarios de los Guerreros Unidos detenidos confesaron haber asesinado a 17 de los estudiantes en el mismo cerro de los alrededores de Iguala donde fueron halladas las fosas.
Pero las autoridades insisten en que para confirmar la identidad de los cadáveres hay que esperar al resultados de los exámenes forenses, que pueden durar más de dos semanas.
Cartel amenazante
En medio de este clima de tensión, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dio cuenta el lunes de la aparición de un amenazante cartel en Iguala con firma de los Guerreros Unidos, que le daba 24 horas para liberar a los policías municipales detenidos.
«Ya empezó la guerra», rezaba esa manta que desafiaba, en caso de que no haya liberaciones, con divulgar a partir del martes los nombres de los funcionarios que habrían apoyado al cártel.
El director de Seguridad Pública y el alcalde de Iguala son buscados por las autoridades desde los tiroteos.
El caso de Iguala es un nuevo ejemplo de la profunda infiltración del narcotráfico en organismos policiales de México, donde se han registrado más de 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos desde el arranque del combate militar al narcotráfico en 2006.
