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Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino
Para este día está programada la interpelación para al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la ministra de Salud. Según la legislación, “los funcionarios llamados a interpelación que sin justa causa se negaren a concurrir, quedarán, por el mismo hecho, depuestos de sus cargos”.
El proceso de intimación, tanto para Frederick Benítez (ANDA) como para Ana Orellana Bendek (Ministerio de Salud) está programado que inicie a las 09:00 horas de acuerdo a los respectivos dictámenes de la Comisión Política avalados por el Pleno el pasado 30 de enero.
La medida busca obtener explicaciones sobre los “problemas estructurales que sufre la distribución del agua, la cual no es apta para el consumo humano”, esto ante los problemas en el suministro del liquido, que sufrieron algunos municipios del área metropolitana de San Salvador, el mes pasado.
Según el artículo 131, ordinal 34, de la Constitución de la República, es competencia de la Asamblea Legislativa interpelar a los ministros o encargados del despacho, y a los presidentes de instituciones oficiales autónoma, mientras que el artículo 165 establece que es obligación de dichos funcionarios concurrir a la Asamblea para contestar las interpelaciones que se les hicieren.
El diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Damián Alegría explico que, tras el análisis del resultado de la interpelación, el Legislativo podría recomendar, a la Presidencia de la República, la destitución de los funcionarios interpelados.
¿Cuál es el plan de contingencia ante una amenaza de contaminación del agua como la sufrida en la planta potabilizadora las Pavas? y si este plan está debidamente aprobado, así como ¿en qué momento y cómo se percató el personal técnico de la planta que el agua tenía mal olor, color y sabor? son algunas de las preguntas establecidas para este día.
En la Tribuna Legislativa, el parlamentario aclaró que dicha medida no corresponde al actuar del presidente Nayib Bukele, el pasado domingo 9 de febrero, cuando se tomó el Palacio Legislativo, con el apoyo del ejército y policías armados.
