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A la hora de escribir este editorial aún se desconocía si la sensatez y legalidad iban a predominar en la mente y accionar del señor ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien por tercera ocasión se había negado a acudir a la Comisión Especial legislativa que investiga la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales.
De forma escueta y escrita, el ministro Zelaya informó a los diputados, que conforman la Comisión Especial, “no podía acudir porque tenía otros compromisos con anterioridad”.
Luego de negarse a acudir después de tres llamados, la Comisión acordó -el miércoles pasado- convocar al ministro de Hacienda con “acompañamiento policial” este viernes a las 9 de la mañana.
La negativa del ministro al llamado de los diputados es una clara desobediencia, pues como funcionario debe saber que el artículo 131, numeral 32, de la Constitución de la República establece que “Corresponde a la Asamblea Legislativa… Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesario, con base en el informe de dicha comisión”.
Es decir, la decisión de la Asamblea de crear la Comisión Especial para Investigar la Colocación de Títulos y Préstamos en el mercado nacional e internacional es legal y, por lo tanto, el ministro de Hacienda está obligado a acudir a los llamados que la Asamblea le haga a través de la Comisión.
Hace un par de semanas, en esa misma Comisión, el presidente del BCR, Nicolás Alfredo Martínez, reveló que el Ejecutivo contó durante los tres primeros meses de pandemia, con tres mil millones de dólares, el 50 % en LETES y el resto en CETES.
Las declaraciones anteriores llamaron la atención de los diputados, pues tanto el presidente de la República, Nayib Bukele, como el ministro de Hacienda han insistido que de parte del legislativo no se ha “recibido ni un tan solo centavo partido por la mitad”.
No obstante, tras las declaraciones de Martínez, quedó demostrado que el Ejecutivo gastó 15 millones de dólares diariamente durante los 91 días de la pandemia.
Sorprendentemente, al día siguiente de haber dado su informe en la Asamblea Legislativa, Martínez anunció su renuncia del BCR, “por motivos personales”.
Posteriormente, tanto el Presidente Bukele como el ministro de Hacienda negaron lo expresado por Martínez. El Presidente Bukele dijo que los diputados “habían confundido” a Martínez, y por eso había dado cifras inexistentes. El expresidente del BCR dijo, además, que cerca de 600 millones de dólares estaban en caja, a disposición de Hacienda.
Para demostrar que no era cierto lo dicho por Martínez, el ministro Zelaya retrasó los salarios al órgano Judicial y Legislativo. Con este último lo justificó que por no “darle los recursos que el Ejecutivo ha solicitado”.
El ministro Zelaya debe entender que hoy más que nunca se necesitan de sus explicaciones en la Comisión, pues hoy hay más dudas que respuestas.
Pero lo más importante es que el ministro debe apegarse a la ley, y esto significa que debe obedecerla, que debe someterse a los requerimientos de quienes representan la ley, pues desobedecerla, no solo pone en peligro la estabilidad institucional, sino que es un mal ejemplo para la ciudadanía.
Y si se quiere que el pueblo cumpla la ley deben hacerlo los funcionarios. En este caso es más grave, porque si la policía no hace lo que la Asamblea Legislativa le ha ordenado, estaríamos en otro escenario peligroso para la institucionalidad, la desobediencia de un cuerpo policial surgido del Acuerdo de Paz.
Lo razonable sería que el ministro acuda este viernes sin necesidad de que la policía lo obligue. Sin lugar a dudas, el país sigue viviendo momentos de incertidumbre y de inestabilidad institucional que podría desembocar, a futuro, en un maremoto social. Ojalá y los liderazgos de este país sepan leer lo que está pasando y la gravedad que alcanzaría, si no se sujetan a la ley.
