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@RoxmeryLopez
En el marco del segundo aniversario de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), ampoule el Centro de Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador (ALAC), salve oficina que forma parte de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), prostate Capítulo Nacional de transparencia Internacional, creó el cuarto informe sobre los avances y limitantes de dicha ley.
Entre los casos que enuncia dicho documento está el uso del teatro nacional en la campaña electoral pasada, ya que según Roberto Burgos, coordinador de ALAC y especialista del área de transparencia, no se cumplieron los parámetros establecidos ante la ley para utilizar el lugar en mención. “La secretaría de cultura de la presidencia nunca envió los documentos completos y acciones que la ley impone”, aseguró Burgos. Asimismo, hicieron un llamado al tribunal de ética gubernamental, debido a que consideran que deben asumir un papel más activo en la prevención de la corrupción y dar respuestas oportunas a los ciudadanos. “Hicimos una solicitud sobre los regalos de navidad de diciembre 2012 en la asamblea legislativa, las compras de obras de arte y bebidas alcohólicas que se hicieron, pero hasta la fecha no se ha dado respuesta”, expresó Burgos. Por otra parte, al referirse a los logros obtenidos en este tiempo Roberto Rubio, director ejecutivo de la FUNDE, y Burgos, hicieron énfasis en que la base se está estructurando de buena manera, ya que se ha logrado una institucionalidad básica como oficiales de información capacitados, oficinas de información, acceso a la información por medio de portales como el programa “Gobierno abierto”, el cual brinda información oficiosa en la web.
Sin embargo, los ponentes comentaron la calificación que atribuye la ciudadanía ante el uso de la LAIP, la nota que se obtuvo fue de 38 puntos de cien, lo cual los coloca en la media inferior. Pese a esto, la mala categorización de la información ha sido el factor incidente en dicha puntuación, ya que hay funcionarios que categorizan la información desde su perspectiva y no desde la ley misma. Por otro lado, las instituciones enlistadas como las que menos contribuyen al correcto uso de la LAIP fueron: los partidos políticos, la asamblea legislativa y la actual suma de la Policía Nacional Civil (PNC). “Ha habido avances como el papel de los oficiales de información, la existencia de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR), el 90 por ciento de los casos solicitados han sido respondidos a FUNDE/ALAC, aunque queda mucho por hacer”, aseguró Burgos.
Por lo tanto, consideran que el reto para el nuevo gobierno es revisar el índice de información reservada de la Presidencia de la República, la cual debe estar sustentada con parámetros institucionales que reconozcan el acceso a la información como un derecho fundamental y que puedan revisar la pertinencia de la información reservada. Asimismo, hicieron hincapié a la población para que haga uso de su libre derecho a obtener y consultar información pública.
