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@RosmeriAlfaro
Apartir del primer gobierno del FMLN, en junio de 2009, el Estado se orientó en la redistribución del excedente económico captado a través de los impuestos para reducir las vulnerabilidades de amplios sectores de la población, especialmente los más pobres del país.
Fue así que se puso en marcha el “Plan Antricrisis” y el Sistema de Protección Social Universal que tenía programas estratégicos como la distribución de útiles, uniformes y zapatos escolares gratis, la creación de Ciudad Mujer que reivindicó los derechos de las mujeres y la entrega de subsidios estatales, esto para reducir la vulnerabilidad de amplios sectores del país.
De acuerdo con Mauricio Funes, expresidente de la República, esta forma de actuar es la que se quiere reivindicar en estos momentos y es lo que explica porque ARENA y la ANEP ha respondido, de la forma que lo ha hecho, a los programas y políticas anunciadas en las últimas semanas por el gobierno, específicamente la de crear un sistema mixto de pensiones, y la más reciente, el aumento al 13% en la facturación de la energía eléctrica, es decir, un centavo de dólar por kilowats hora.
Recientemente, el gobierno dio a conocer la reforma al artículo 67-I de la Ley General de Electricidad, que establece que a partir del 15 de julio se realizará un ajuste de un 13% más por cada megavatio hora. Luego que sea aprobado por la junta de directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
Pese a ello, el ejecutivo informó que seguirá garantizando el subsidio de la energía eléctrica a las familias salvadoreñas, que hasta la fecha beneficia a más de 1 millón de usuarios que consumen mensualmente menos de 99 kilovatios hora (kwh), lo que significa una inversión aproximada de 90 millones de dólares al año.
La presidencia informó que el cargo del 13% autorizado tiene como única finalidad garantizar las inversiones futuras en materia de generación de energía, las que permitirán seguir trabajando en la modificación de la matriz energética en el corto plazo, cumpliendo uno de los objetivos del gobierno, que incluye, mayor producción de energías limpias y renovables, y lograr así la autonomía energética del país.
Este nuevo cargo, indicó el gobierno, irá directamente a la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y no al Fondo General del Estado. Lo que servirá para las nuevas inversiones de generación eléctrica “en beneficio de la población, garantizando transparencia y confiabilidad”.
“En la medida que CEL pueda aumentar sus inversiones para modificar la matriz energética y el peso de la energía térmica sea menor y el de las energías renovables sea mayor, en esa medida tendríamos meses o años en los cuales consumiremos una energía mucho más barata”, dijo el exmandatario en su programa Sin Censura, transmitido todos los jueves en radio La Chévere.
Funes afirmó que eso es posible solo si se invierte con recursos propios y estos recursos pueden provenir solo de fondos propios. Según el expresidente, el gobierno y la CEL tienen una disyuntiva, y es la de incrementar la tarifa de energía eléctrica con un cargo del 13%, impactando sobre todo a los hogares que no reciben subsidio y por supuesto al sector empresarial del país, o la de reducir o eliminar el subsidio a los hogares pobres que consumen menos de 99 kwh mensuales.
El Salvador es uno de los países más dinámicos de la región centroamericana, lo cual lo posiciona como el segundo país con las tarifas más bajas de energía eléctrica en la región, incluso con el cargo del 13%.
“ARENA y las gremiales aglutinadas en la ANEP defienden sus propios intereses. Pudiendo los empresarios absorber el aumento del 13%, sin necesidad de aumentar el precio de los productos y servicios que venden o distribuyen, prefieren que se ponga en riesgo el subsidio que beneficia a más de un millón de hogares salvadoreños”, señaló.
De la misma manera, sucede con la reforma previsional al sistema de pensiones, dijo el exmandatario. “ARENA lo que defiende es la rentabilidad de sus negocios y no el bolsillo de los más pobres”.
Funes indicó que el combate a esta propuesta de reforma es porque salen en defensa de las administradoras de fondos de pensiones (AFPs) “que en todos estos años han tenido cuantiosas ganancias por el manejo de estos ahorros”.
“No es el futuro de los ahorros de los trabajadores lo que les preocupa es el hecho de que se mantenga la rentabilidad lograda por estas empresas en todos estos años. La propuesta del gobierno no eleva el monto de las cotizaciones de los trabajadores, tampoco aumenta la edad de retiro de hombres y mujeres, lo que sí está proponiendo una reducción de la tasa de rentabilidad de las AFPs lo que obviamente afecta intereses oligárquicos”, subrayó.
