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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El ex presidente de la República, Mauricio Funes, recalcó ayer sus críticas en contra de ARENA y señaló que el partido de derecha no tiene solvencia para hacerle señalamientos mientras protege de la justicia a varios de sus dirigentes sospechosos de corrupción.
El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, se dijo preocupado porque el Gobierno y el FMLN le han recomendado al expresidente no enfrentar la institucionalidad. “Si algo tenemos que tener claro, dijo, es que la lucha contra la corrupción la debemos de asumir todos”, afirmó Interiano.
“El burro hablando de orejas. Y qué solvencia tiene ARENA para hablar de evasión de la justicia si sus exfuncionarios nunca la enfrentaron”, replicó Funes a través de su cuenta de twitter desde Managua donde se encuentra asilado.
Funes manifestó que el partido de derecha lo acusa de evasión de la justicia, pero encubre al exalcalde de San Salvador y actual diputado, Norman Quijano, señalado por la supuesta construcción de un pozo con fondos de ANDA, en un terreno de su propiedad y a la también diputada Ana Vilma de Escobar, a quien su gobierno denunció por el supuesto manejo irregular de un fideicomiso creado para fomentar la inversión, cuando fue vicepresidenta de la República (2004-2009)
“ARENA protege a Quijano por caso construcción de pozo de ANDA y a Ana Vilma de Escobar por caso FECEPE ¿Quiénes son los encubridores entonces?”, señaló el exgobernante.
Funes ha recalcado que ni De Escobar ni Quijano han sido indagados por la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para confirmar si sus declaraciones de bienes coinciden con la realidad, a pesar de que los períodos en los que fungieron como vicepresidenta y alcalde de San Salvador, respectivamente, fue anterior al desempeño suyo como presidente.
La ley de Probidad y Enriquecimiento Ilícito, que data de 1959, establece que luego de 10 años de haber fungido en un cargo público, ya no puede ser procesado un funcionario público por delitos de cuello blanco. En Febrero pasado, la Sala de lo Constitucional ilegalizó una nueva Ley de Probidad que sí permitía llevar a la justicia a estos funcionarios, ya que el delito no prescribía, y mantuvo vigente la ley que tiene a la fecha 57 años de antigüedad.
Funes continuó con sus críticas al discurso público de ARENA contra la corrupción, tras recordar que el diputado arenero por Cabañas, Carlos Reyes, quien según una investigación judicial en solo tres años de legislador (2012-2015) ha incrementado sus bienes de $850,000 a $1.6 millones, ahora forma parte del nuevo COENA, encabezado por Interiano.
“En el nuevo COENA se encuentra el diputado Reyes, que enfrenta investigación por enriquecimiento ilícito. ¿Y entonces?”, preguntó el exgobernante.
Asimismo, Funes señaló que el partido de derecha protege a sus financistas que evaden el pago al fisco y recordó que el expresidente del COENA, Jorge Velado, reconoció que el dinero proveniente de Taiwán destinado a familias pobres fue utilizado para financiar campaña política por lo que preguntó a continuación. “¿Quién fomentó la impunidad y encubre la corrupción entonces?, ¿quienes son los corruptos entonces”.
El exmandatario también utilizó su cuenta de twitter para desmentir información proporcionada a los medios por el fiscal Andrés Amaya, durante el allanamiento a una vivienda la noche del lunes. “La FGR debería ser más seria en información sobre allanamientos. No poseo propiedades que hayan sido remodeladas. Exijo a fiscal Andrés Amaya que rectifique y deje de mentir”, señaló.
Por otro lado, el integrante de FUNDE, Jaime López, instó ayer durante el programa Debate de Canal 35 a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a tomar “medidas inmediatas para la depuración del sistema judicial”, cuestionado en los últimos días por su presunta complicidad con hechos que han quedado impunes.
El fiscal general, Douglas Meléndez, ha insistido que en el sistema judicial funcionan estructuras organizadas que obstaculizan la justicia y el desarrollo de un trabajo efectivo de la fiscalía, por lo que se necesita una depuración judicial.
