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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El expresidente Mauricio Funes sugirió a la Corte Suprema de Justicia que abra una investigación patrimonial a la exvicepresidenta de la República, sales Ana Vilma de Escobar, search a fin de confirmar si tuvo incremento patrimonial no justificado cuando fungió en ese cargo, entre 2004 y 2009.
Funes también cuestionó el hecho de que un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se haya centrado en indagar las declaraciones patrimoniales de 13 funcionarios y exfuncionarios públicos, cuando Probidad tiene en su poder más de 7 mil declaraciones y han sido dejadas de lado indagatorias de exgobernantes y exvicepresidentes de las cuatro gestiones de ARENA.
“La Corte Suprema de Justicia debería de abrir una investigación de la declaración patrimonial de esta diputada a fin de esclarecer si hubo o no hubo un incremento patrimonial no justificado cuando se desempeñó como vicepresidenta de la República”, manifestó el exmandatario, luego de insistir en la necesidad de que la funcionaria entregue cuentas claras sobre el fideicomiso Fecepe, que ella administró, según dijo.
El exjefe de Estado retomó el caso de la auditoría del Banco Central de Reserva(BCR) a la actuación del FECEPE que la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar presidía y que, según el decreto legislativo que le dio vida al fideicomiso, este debió recibir un monto máximo de 4 millones de dólares para funcionar, pero terminó obteniendo $38 millones.
Funes recalcó algunas anomalías detectadas en la auditoría por el BCR, como el hecho de que se descubrió lazos familiares entre miembros del comité evaluador del Fideicomiso e integrantes de algunas de las empresas que tuvieron acceso a esos fondos provenientes de los contribuyentes.
“Ella dice que no hay conflicto de interés. Explíqueme señora cómo es que no hay conflicto de interés si usted tenía como parte del comité asignador (de los fondos) al presidente del BMI (Banco Multisectorial de Inversiones) y el hermano era el apoderado legal de una de las empresas a las que se favoreció con una buena cantidad de dinero de este fideicomiso”, explicó Funes en referencia a Nicola Angelucci y Giancarlo Angelucci, respectivamente.
Según el expresidente, la justicia funciona al revés en el país, ya que quien exige una investigación por la probable comisión de un delito, como es el caso del secretario de Transprencia, Marcos Rodríguez, es acusado de difamación y calumnia.
“¿Cuál ha sido la respuesta de la diputada De Escobar? acusó al secretario de Transparencia del delito de difamación y de calumnia, bajo el supuesto de que su honor e imagen han sido dañados por las intervenciones del funcionario en diferentes medios de comunicación”, criticó.
Funes manifestó que la diputada arenera y exvicepresidenta que debería aclarar públicamente sobre las dudas en ese caso, “se cubre en un manto de impunidad y bloquea cualquier investigación que pudiera esclarecer la forma en que se manejaron recursos públicos que estuvieron bajo su custodia”.
El exgobernante también desmintió que la Corte de Cuentas haya entregado un finiquito a De Escobar donde se le descarga cualquier responsabilidad en el manejo del FECEPE y aseguró que la ahora diputada solo recibió una carta donde el ente contralor de los fondos del Estado le notificaba que no podía hacer una auditoría a esos dineros porque el plazo en el cual podía investigar ya había culminado.
A las órdenes del gran capital
El exmandatario afirmó que ha conocido versiones del interior de la CSJ que atribuyen a los magistrados Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez decidir de dedo a quiénes hay que investigar su declaración patrimonial y que también hay sugerencias y presiones de sectores del gran capital para seleccionar a esos funcionarios a indagar.
Señaló que se estaría repitiendo las prácticas que el sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría denunció en un editorial que publicó antes de la guerra civil (1980-1992) que el religioso asesinado en 1989 tituló “a sus órdenes mi capital”, en referencia a que el sistema legal del país siempre ha estado al lado de intereses oligárquicos.
Se preguntó el expresidente porqué los actuales magistrados de la Corte Suprema no promovieron de oficio una investigación sobre el patrimonio del expresidente de la República Francisco Flores, tal como han hecho en las últimas semanas con el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza.
Caso Flores
Funes catalogó al expresidente Flores como una “pieza clave en el engranaje del sistema oligárquico y si pide criterio de oportunidad a la Fiscalía General en el proceso que se le sigue, algunas cabezas rodarían”.
El exgobernante cuestionó que se haya programado una operación médica al expresidente Flores el mismo día que se celebraría su audiencia en los tribunales y la catalogó como una medida dilatoria de parte de la defensa del exmandatario.
“Si la operación es de urgencia, porqué no se la hacen ya y si no es urgente ¿porqué no se la hacen después del día de la audiencia?”, se preguntó Funes.
Sobre este hecho, el exmandatario preguntó porqué no se han pronunciado entidades como FUSADES, ANEP, FUNDE y organizaciones que se promueven como sociedad civil, entre estas la denominada de 5 en 5, esta última que ha estado insistiendo en que están en contra de la impunidad y la corrupción independientemente del signo ideológico de los acusados.
En ese mismo sentido criticó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia que ahora es vocero del grupo Aliados por la Democracia, Domingo Mendez, quien cuando fungió en su cargo en la CSJ no hizo ningún esfuerzo para reactivar la sección de Probidad y llevar adelante procesos de investigación de las declaraciones de expresidentes como Francisco Flores.
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