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La Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado Quinto de Paz las diligencias de supuesta corrupción contra el expresidente Mauricio Funes y 31 personas más, entre exfuncionarios y familiares.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el Gobierno del expresidente Mauricio Funes se habrían apropiado de 351 millones de dólares de la partida reservada.
El miércoles, el juez Quinto de Sentencia, quien ya había girado órdenes de captura contra ocho exfuncionarios de Funes, giró la orden de captura contra Funes y otras personas más, y con difusión roja, dado que Funes y su compañera de vida viven en Nicaragua, en condición de asilados.
La Fiscalía tardó cerca de dos años, desde que inició el caso contra Funes, con el allanamiento a la residencia del exmandatario, y puso a disposición de la opinión pública la ropa, el calzado y las armas de colección que encontraron en la residencia, así como botellas vacías de licor y hasta un coche para bebé que despertó la morbosidad pública, hasta que consiguió los dos testigos criteriados, lo que fue denunciado en su momento por Funes a través de sus redes sociales.
Cuando la Fiscalía judicializa el caso, aseguró que lo defraudado por Funes al fisco eran 351 millones de dólares, y aunque la Fiscalía dijo que no tenía las pruebas contra Funes, afirmó que las propiedades y otros bienes que el exmandatario compró lo hizo a través de testaferros.
A partir del manejo mediático Funes ya ha sido condenado, así se puede inferir a través de los comentarios en las redes sociales y en los programas de opinión de los medios radiales y televisivos. En este sentido, la Fiscalía se ha adjudicado una victoria.
La otra victoria de la Fiscalía son las órdenes de captura giradas por el juez Quinto de Paz, quien ha sido repudiado por diferentes sectores por haber ordenado la captura contra la exprimera dama de la República Vanda Pignato, quien se encuentra hospitalizada por los efectos de un cáncer.
A Funes le corresponderá demostrar su inocencia ante los tribunales, pero mientras eso ocurra pasarán dos o tres años por la complejidad de la demanda y todo el entramado político que el caso conlleva.
Es una lástima que en estos casos la presunción de inocencia ha sido sustituida por la presunción de culpabilidad, así de grave es el asunto.
