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Por Carola Solé
Acapulco/AFP
Miles de manifestantes indignados, algunos de ellos con el rostro cubierto, marchan este viernes por el turístico balneario mexicano de Acapulco (Guerrero, sur) para redoblar la presión sobre las autoridades y exigiéndoles que encuentren a los 43 estudiantes desaparecidos hace tres semanas.
«Vivos se los llevaron, vivos los queremos», claman estudiantes, maestros y campesinos, que también exigen la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por cómo ha manejado este caso y por el hartazgo de la violencia que azota a esta región.
«Estamos indignados porque este no es un hecho aislado. Muchos somos padres y vemos cosas muy feas en este país y queremos luchar», recalcó a la AFP Magdalena Catalán, una maestra de 34 años.
La manifestación transcurre pacíficamente pero en un clima de profunda rabia por este crimen. México y la comunidad internacional siguen conmovidos y escandalizados por los 43 estudiantes de los que nada se sabe desde que la noche del 26 de septiembre fueron tiroteados por policías de la ciudad de Iguala (Guerrero) y sicarios de un cártel narcotraficante.
Más de un millar de policías siguen buscando por tierra, agua y aire a los jóvenes, la mayoría entre 18 y 21 años, mientras los peritos no han identificado a ninguno de ellos entre los cadáveres desenterrados de numerosas fosas clandestinas.
«Queremos que las autoridades dejen de simular, ellos ya saben si están vivos o muertos. Y queremos que presenten los cuerpos o que los liberen», exigió en Acapulco Jesús González, un profesor vestido con una camiseta del ‘Che’ Guevara y un sombrero de paja para protegerse del fuerte calor.
Algunos de los familiares de los alumnos de una escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero) participan en esta marcha de solidaridad que, aseguran, les ayuda a soportar tantos días de angustia y dolor.
«Nos hace sentir que no estamos solos», agradeció uno de los padres.
Protesta en el corazón económico
La manifestación ya invadió todos los carriles de la avenida costera de Acapulco, el legendario centro turístico que en los últimos años se convirtió en una de las ciudades más violentas de México y escenario de espantosos crímenes del narcotráfico.
Las autoridades del balneario (790.000 habitantes) esperaban la llegada de unos 35.000 manifestantes y anunciaron que los policías desplegados estarían desarmados. El gobernador Aguirre pidió «civilidad» para no afectar al turismo, la principal actividad económica de la región.
La embajada de Estados Unidos en México incluso envió un «mensaje de emergencia» a sus ciudadanos para mantenerse alejados de las protestas de Acapulco, advirtiendo que «aunque intentan ser pacíficas podrían tornarse en confrontaciones y en una escalada de violencia».
Este fin de semana Acapulco cuenta con una ocupación del 25% de las más de 60.000 habitaciones que ofrece, cuando el promedio en este época suele rondar el 50%, dijo a la AFP el secretario de Turismo local, Netzah Peralta.
La protesta es parte de una estrategia de presión acordada por los enfurecidos compañeros de los desaparecidos, los maestros de la corriente radical CETEG y medio centenar de organizaciones sociales de izquierda, que pretenden tomar el control de los 81 ayuntamientos de Guerrero, entre otras acciones.
El jueves iniciaron las tomas pero sólo se apropiaron de tres alcaldías. La de Chilpancingo, capital de Guerrero, estaba allanada desde los fuertes disturbios del lunes en los que manifestantes quemaron parcialmente la sede del gobierno regional. La alcaldía de Acapulco permanecía cerrada el viernes.
Alcalde revocado
El presidente Enrique Peña Nieto ha recalcado que la «prioridad» actual de su gobierno es encontrar a los jóvenes peros sus fuerzas de seguridad también persiguen a todos los sospechosos de haber ordenado este crimen, que generó reclamos de organismos como la ONU y de Estados Unidos.
José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, y su esposa, hermana de tres narcotraficantes, se encuentran entre los fugitivos.
La madrugada del viernes, el Congreso de Guerrero revocó el mandato como alcalde de Abarca, a quien la fiscalía regional culpa de no actuar esa noche para detener los ataques de sus policías a los estudiantes.
Guerrero, una de las entidades más pobres y con mayor violencia de México, vive un estado de frágil gobernabilidad.
El gobernador Aguirre, que se niega a dimitir, anunció el jueves en la noche la destitución de Lázaro Mazón, secretario de Salud de Guerrero y mentor político del alcalde, quien fue llamado a declarar por la fiscalía federal.
La fiscalía ha detenido a casi 50 personas -incluidos 40 policías- pero admite que no tiene a los autores intelectuales del crimen ni puede determinar sus motivos.
