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Washington/AFP
Paul Handley
La esperanza de obtener la ciudadanía de 1,8 millones de inmigrantes llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños está en juego desde el lunes, cuando el Senado comenzó a debatir un gran proyecto sobre inmigración, no exento de obstáculos.
El presidente Donald Trump promete la ciudadanía a todos esos jóvenes, excediendo el número de beneficiarios que contemplaba la oposición demócrata, pero solo a cambio de duras restricciones a la inmigración legal y del financiamiento para construir un muro con México.
La propuesta migratoria del mandatario, publicada a fines de enero, está en el centro de un proyecto de ley que debe presentar un grupo de senadores de la mayoría republicana, y que podría sentar nuevas bases en el sistema migratorio o diluirse en fracaso.
El tiempo corre. Casi 700.000 «dreamers», que se acogieron al programa DACA, están en riesgo de perder sus protecciones legales el mes próximo.
Ese programa de Barack Obama, que les permitía desde 2012 trabajar y estudiar, fue cancelado por Trump, quien dio al Congreso hasta el 5 de marzo para dar una solución definitiva al tema, si bien un juez federal de San Francisco temporalmente suspendió esa decisión y la Corte Suprema fue llamada a pronunciarse.
El mandatario estadounidense, que durante su campaña presidencial llamó sin cesar a «construir el muro», ha hecho de la seguridad fronteriza y la lucha contra la inmigración clandestina sus prioridades.
«Espero poder llegar a un acuerdo», dijo Trump este lunes, añadiendo que al Partido Republicano «le encantaría» lograr ese objetivo.
«Si los demócratas quieren un acuerdo, realmente depende de ellos», añadió.
Para obtener el financiamiento para el muro, los senadores republicanos presentan un proceso de naturalización para 1,8 millones de «dreamers», que debe durar de 10 a 12 años.
Es una concesión considerable: la minoría demócrata pedía en una legislación aparte la regularización de 690.000 «dreamers», los oficialmente registrados en el DACA.
Pero está acompañada de contrapartidas que ahuyentan a buena parte de la oposición: un compromiso de financiamiento por 25.000 millones de dólares para la construcción del controvertido muro y un fuerte recorte de la inmigración legal mediante la eliminación del sorteo de visas de residencia (green cards) y de la «migración en cadena» o reunificación familiar ampliada, que queda limitada a cónyuge e hijos menores de edad.
Trump, quien ha responsabilizado de ataques terroristas internos y crímenes violentos a beneficiarios de la lotería de visas y de la reagrupación familiar, promueve una inmigración basada en «el mérito».
«Este es el único proyecto que tiene posibilidad de convertirse en ley, porque es el único que realmente solventará el problema subyacente», dijo uno de sus promotores, el senador republicano Tom Cotton.
«Es generoso, humano y responsable, y ahora debemos enviarlo al presidente», dijo en un comunicado.
«Coalición por el sentido común»
El abordaje del Senado al problema migratorio coincide con el día en que la Casa Blanca presentó su esquema para el presupuesto de 2019, que pide más dinero para seguridad fronteriza, incluyendo agentes adicionales, centros de detención y tecnología de vigilancia.
«Hasta que las porosas fronteras no estén cerradas para los criminales, terroristas y pandilleros que las explotan, Estados Unidos sigue en riesgo», indicó la Casa Blanca en un comunicado.
El proyecto podría enfrentarse con una fuerte oposición, pues los demócratas y algunos republicanos rechazan la dura política migratoria de Trump, especialmente en las restricciones a la reagrupación familiar y el muro.
Mitch McConnell, líder de la mayoría de 51 republicanos, se comprometió a permitir que el texto integre enmiendas de senadores de ambos lados antes de una votación que podría tener lugar este fin de semana.
Es un desafío, dado que el texto final debe ser aprobado por tres quintas partes, es decir 60 de los 100 senadores.
Un grupo bipartidista de 25 senadores, autoproclamado «coalición por el sentido común», intentará presentar un proyecto de consenso.
Aún si el Senado logra pasar un texto, su futuro es incierto en la Cámara de Representantes, donde el apoyo a una migración restringida es más fuerte del lado de la facción republicana más conservadora.
«Fui muy clara, no a la amnistía», dijo la diputada republicana Marsha Blackburn». «No podemos tener individuos que se adelanten en la fila de espera a quienes pasaron por todo el proceso de inmigración legal», lanzó.
Y aún si logra pasar la cámara baja, el texto estaría lejos de solventar el estado de la inmigración ilegal: unos 12 millones de personas viven de manera clandestina en Estados Unidos.
