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@elder_gomez_2
Los partidos políticos minoritarios, GANA, PCN y PDC suscribieron el martes un “Acuerdo para solventar la Iliquidez Urgente del Gobierno de El Salvador”, en el que proponen ampliar el techo de un escalafón salarial a empleados de Salud Pública, de $ 10 a $ 26 millones, la emisión de $ 600 millones para resolver el problema de la Deuda de Corto Plazo, y cubrir con $ 257.2 millones los gastos de las 262 municipalidades del país.
La propuesta de los tres partidos políticos fue dada a conocer en momentos en que las negociaciones para resolver la iliquidez (falta de dinero) por la que atraviesa el gobierno, tuvieron el lunes un conato de ruptura, tras un supuesto retiro de las pláticas por parte de los negociadores de ARENA, según lo informó el Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas.
Las negociaciones entre los dos grupos ha tenido estiras y encoges tras una supuesta inestabilidad temática de los dirigentes de ARENA por la aprobación de $ 1,200 millones de Letras del Tesoro de Estado (LETES o bonos), según funcionarios del gobierno, aunque ello ha sido negado por miembros de ese partido político de oposición.
El gobierno busca la aprobación legislativa de los $ 1,200 millones, pero la dirigencia de ARENA ha propuesto solo $ 500 millones, para que el gobierno solvente sus gastos de aquí hasta diciembre próximo, para luego someter a negociación el resto de los bonos.
Los tres partidos políticos, sin embargo, han propuesto a las dos partes dar sus votos por la aprobación de $600 millones en Títulos Valores, “incluyendo la facilidad de realizar operaciones de crédito puente, para contar con opciones de resolución inmediata de liquidez”.
Los bonos tienen previsto ser empleados por el gobierno para la entrega de recursos a las municipalidades por medio del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES), cuya entrega se ha retrasado cerca de tres meses, según la propuesta tripartita.
También para cancelar deudas a proveedores de bienes y servicios del gobierno, así como para el pago de una mora estatal por $ 32 millones, a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, según el compromiso.
En el Acuerdo tripartita, los partidos políticos piden al gobierno a que “se comprometa formalizar la solicitud ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un acuerdo precautorio… que incluye un programa de sostenibilidad de las finanzas públicas, con un ajuste mínimo del 3 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) en un período de tres años”.
También exhortan a las dos partes a derogar una reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), aprobada de manera reciente para darle liquidez al gobierno para el pago de pensiones a unos 167 mil jubilados.
Además, proponen a ambas partes a realizar una “auditoría” de plazas en las instituciones del Gobierno Central, que incluye a instituciones autónomas y empresas públicas, que debe realizar la Fiscalía General.
En el compromiso, las tres fuerzas políticas piden también la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, un ente contralor de las finanzas del Estado, así como la inclusión en el Presupuesto General de la Nación de un incremento de $ 16 millones al escalafón salarial de los empleados del Sector Público de Salud, que en la actual propuesta presupuestaria ronda los $ 10 millones.
