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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de contribuir al combate a la inseguridad, diputados del partido GANA presentaron en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Videovigilancia con la cual se pretende que todas las alcaldías inviertan en la colocación de cámaras en la red vial de cada municipio.
Según sus proponentes, esta propuesta impulsará y fortalecerá la investigación tecnológica del delito y constituirá un apoyo en la judicialización de los casos, además, evitará la impunidad de los indiciados por falta de medios probatorios.
“La videovigilancia es el sistema investigativo del futuro que nos está ayudando de manera tecnológica a contrarrestar el delito, de eso pueden dar fe algunas alcaldías que usan este tipo de mecanismo, el cuerpo normativo que presentamos es el resultado de mesas de trabajo, se consultó a operadores del ramo y expertos en materia de seguridad”, dijo Osiris Luna, diputado de GANA.
Según el parlamentario, con la presentación de esta iniciativa se busca crear un sistema de circuito cerrado de videovigilancia a nivel nacional para uso exclusivo de las instituciones de seguridad pública.
La normativa también propone la creación de un Comité Nacional para la Videovigilancia, integrado por los alcaldes, el cual tendrá como finalidad regular y revisar el funcionamiento de este sistema a nivel nacional.
“Esto es importante porque debemos de trabajar por que las capturas que lleve a cabo la PNC estén respaldadas por suficientes medios probatorios para que estos casos se judicialicen y conlleven a una verdadera condena”, expuso Luna.
Según el escrito, el financiamiento de este sistema estará a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, institución que asignará un monto equivalente al 2% o mayor de su partida presupuestaria anual, en cuanto a las comunas de municipios declarados como de alta criminalidad deberán invertir el 1% del Fondo para el desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), en los primeros tres años de aplicación de la ley.
El anteproyecto de ley también mandata que toda institución pública, organización, empresa privada o individuo está obligado a compartir el enlace de conexión de su videocámara o sistema de videovigilancia con el operado por las instituciones de seguridad pública.
