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@AlmaCoLatino
El Grupo Parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) presentó una iniciativa para crear la Ley Especial del Fondo de Seguridad Ciudadana, pharm thumb similar a la Ley del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), la cual aplicará el 10% sobre las ganancias de las empresas telefónicas.
El diputado Guillermo Gallegos señaló que este nuevo impuesto se vuelve hoy más que nunca una necesidad, dado los altos índices de violencia en el país, puesto que el presupuesto destinado al Ministerio de Justicia y Seguridad se vuelve insuficiente para cubrir todas las necesidades de la población.
Asimismo, dijo que dicha ley tiene por objeto el establecimiento de un impuesto específico a la facturación total de cualquiera de los servicios que presten las empresas de telefonía por medio de cualquier persona natural o jurídica o cualquier agrupación de personas que estén autorizadas como operadores concesionarios del servicio de telefonía.
“A las telefónicas no les vamos a preguntar si quieren pagar, porque dirán que tienen pérdidas, este impuesto es para las telefónicas, en ningún momento será para el usuario, será dirigido a las ganancias”, afirmo Gallegos.
De acuerdo al diputado de GANA se recaudarían alrededor de $144 millones al año, con lo que se duplicaría lo asignado al presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad, “las telefónicas en general obtienen ganancias de más de mil millones al año, el aproximado semestral sería de $710.5 millones, que ingresarían del cobro del 10% del impuesto a la factura total”, enfatizó el parlamentario.
Además, sostuvo que la dicha propuesta será estudiada en la Comisión legislativa de Hacienda y Especial del Presupuesto. El grupo parlamentario de GANA espera que la Ley se apruebe antes que finalice este año y cuente con el apoyo de todas las fracciones políticas.
La propuesta plantea la creación de una Dirección Técnica la cual administraría los fondos, que estará integrada por el Ministerio o Viceministerio de Justicia y Seguridad Pública, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Hacienda, un representante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, un representante de la Iglesia Evangélica, un representante de la Iglesia Católica y un representante de la empresa privada.
