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Por Leonel Herrera*
Cuando un juicio no se puede ganar porque no hay suficientes pruebas y argumentos, hay que ganarlo en la opinión pública para presionar al juez o para desacreditarlo después si no resuelve favorablemente.
Esa parece ser la estrategia que está aplicando la Fiscalía General de la República en el denominado “Caso saqueo público”, donde están procesados penalmente varios ex funcionarios y ex empleados administrativos de la presidencia de Mauricio Funes.
Violando la reserva parcial del caso decretada a inicios del proceso judicial por petición suya, la Fiscalía mantiene una campaña en redes sociales y en medios de comunicación afines al gobierno. Estos medios, sobre todo televisivos, retoman la “información” suministrada por el ministerio público y la reproducen acríticamente, sin contraste de fuentes y con un claro tono propagandístico.
En esos mensajes la Fiscalía insiste en que ha presentado “pruebas contundentes” y “argumentos suficientes” que demuestran la culpabilidad de los imputados en el cometimiento de delitos de corrupción. El objetivo es claro: convencer a la población y no a los jueces.
“Saqueo público” fue un invento judicial del ex fiscal Douglas Meléndez. Se trató de un “atarrayazo” indiscriminado que metió en el mismo huacal a justos y a pecadores, es decir, a ex funcionarios que posiblemente cometieron delitos y a ex empleados financieros que sólo cumplían órdenes.
Publicaciones periodísticas dan cuenta de una serie de irregularidades e inconsistencias del caso, algunas -incluso- rayan en lo absurdo. Un ejemplo es el hecho que el principal testigo de la Fiscalía sea ex secretario privado de la presidencia Francisco “Chico” Cáceres, a pesar de que -como administrador de Casa Presidencial- él era el principal responsable del manejo de los fondos reservados durante el gobierno de Funes.
El ex secretario privado sólo podría ser criteriado para acusar al ex presidente Funes, pero no contra empleados suyos o funcionarios de su mismo nivel que dependían de sus decisiones administrativas. En una columna anterior decía que esto es como si para condenar a los distribuidores del narcomenudeo, fuera criteriado algún capo del cártel de la droga.
La semana pasada también un perito de la Fiscalía aseguró que Funes no tenía responsabilidad en el uso de los gastos reservados. En su declaración, el perito habría asegurado que Cáceres no era responsable y, al ser contrainterrogado por la defensa, dijo que Funes tampoco. Qué cosa más insólita: el ex presidente y su secretario privado no son responsables, pero sí sus subalternos.
¿Es por estas u otras anomalías que la Fiscalía no está segura de ganar el caso, y por eso recurre al manual de comunicación para presionar públicamente al tribunal de sentencia que realiza el juicio? Si esto fuera así, estaríamos ante un proceso judicial ilegítimo donde, en vez de hacer justicia y combatir la corrupción, se podrían violentar derechos de personas inocentes condenándolos sin pruebas.
*Periodista y activista social.
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