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@arpassv
El Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador absolvió de los delitos de difamación y calumnia a Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia.
Rodríguez fue demandado en octubre del año pasado por la diputada arenera Ana Vilma de Escobar, por pedirle que rindiera cuentas del manejo irregular del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Estratégicos (FECEPE).
De Escobar administró el FECEPE cuando era vicepresidenta de la república en el gobierno de Antonio Saca (2004-2009). Y, según una denuncia presentada en la Fiscalía, hubo tráfico de influencias en la asignación de 38.5 millones de dólares y las empresas que recibieron dichos fondos no crearon los empleos que comprometieron a cambio del financiamiento gubernamental.
La parlamentaria de derecha también está señalada por actos de corrupción en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), durante el gobierno de Francisco Flores.
La delitos de corrupción en el Seguro Social ya quedaron impunes porque prescribieron, pero las anomalías en el FECEPE todavía no; por eso De Escobar corrió a demandar al secretario de Transparencia cuándo éste la emplazó sobre el caso.
Pero ayer el Sistema Judicial sentenció que Rodríguez no actuó con dolo ni cometió difamación o calumnia contra la parlamentaria oligárquica. Dicha resolución representa un triunfo de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción que cometieron ex funcionarios inescrupulosos y sinverguenzas que deberían estar en la cárcel.
La absolución del secretario de Transparencia debe animar la lucha contra la corrupción: las organizaciones que promueven la probidad y la anticorrupción deben pasar a la ofensiva, denunciando a los corruptos y exigiendo devolver el dinero robado.
Las organizaciones también deben denunciar la corrupción privada, sobre todo la evasión tributaria que ronda los 1,500 millones de dólares anuales; y exigir una auditoría de la deuda externa que permita determinar las condiciones en que fue adquirida y el destino de los fondos que en muchos casos fueron a parar al saco roto de la corrupción.
Además de perseguir la corrupción de los gobiernos de derecha y de los empresarios oligarcas, las organizaciones progresistas deben vigilar al actual gobierno de izquierda y exigirle que envíe mensajes contundentes contra la corrupción.
