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Licenciada Norma Fidelia Guevara de Ramirios
Padecemos una pandemia por un virus altamente contagioso y eso obliga a recordar que el artículo 1 de la Constitución establece que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social; seguridad, más que restricción, es el imperativo de hoy.
Por eso, la legislación en materia de salud y protección civil, facultan a limitar alguna libertad o impone una actuación, una vez constatada una situación que amerite obligar a una persona o comunidad a someterse a las medidas que esas autoridades indiquen. Permitir ingresar a las autoridades a los hogares, a ver que no tengamos criaderos de zancudos, por ejemplo, o a evacuar los hogares ante un riesgo por inundación o derrumbes, y en este caso a someternos a cuarentenas que preserven la propia salud y la de otros.
Ciertamente, la pandemia genera una crisis sanitaria, esté o no comprobada su existencia en el territorio nacional, obliga a tomar medidas de protección. Se extraña por eso la existencia del sistema como fue creado, con sus gobernadores y autoridades departamentales de cada ramo, con los alcaldes y las autoridades locales correspondientes y hasta en algunas comunidades, ese nivel organizativo, con la participación de los liderazgos; levantando y estableciendo información sobre los niveles de riesgo a que una porción de población está expuesta.
Eso parece haber sido desarticulado, lo cual se lamenta y tiene consecuencias negativas para la certeza con que deben intervenir las autoridades. A lo mejor, la sensatez se instala en el Gobierno de turno y se aprende a actuar con mayor eficacia en esta hora que tanto lo demanda; ya que las primeras medidas, con alta dosis de espectacularidad, se juzgan como incorrectas por profesionales que conocen de salud pública.
Los centros de cuarentena, sin agua, sin comida, sin asistencia médica, sin separación de las personas, según tiempo de entrada o procedencia, han sido señaladas más bien como centros de contaminación y hasta la Sala de lo Constitucional ordenó tratar con dignidad a esas personas.
El espectáculo gubernamental calificó de insuficiente el decreto de Estado de Emergencia y Calamidad por parte de la Asamblea, y sostuvo que el 80 % de lo que necesitaba el Gobierno vendría de las restricciones a las garantías constitucionales; se desprecian así los mecanismos realmente útiles para dar respuesta a una crisis sanitaria, establecidas en las leyes correspondientes.
Restringir la entrada al país de salvadoreños, como ocurrió con 12 jóvenes procedentes de Chicago, que abordarían un vuelo de Avianca en México, era imposible sin las restricciones que le dio el Estado de Excepción; solo así pudo el presidente hacerlo, y de paso, dar un paso nada amistoso, nada diplomático, nada responsable, de acusar sin fundamento a México, con alarmismo amplificado.
Con razón el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez ha llamado a no dejar que el miedo se haga viral, a ser solidarios con los más vulnerables, a ser prudentes, actuar juntos, cooperar; enfatizando en la urgencia de ver la salud como un derecho humano, en el derecho de todos a acceder a los servicios de salud.
Contrario a esto, el presidente de nuestro país asegura que son las restricciones a las garantías constitucionales la clave para enfrentar la crisis; no se refiere ni siquiera a reactivar los ECOS, para realizar en profundidad una orientación a la población.
Es lamentable que en vez de fortalecer la capacidad de detectar síntomas o comprobar la presencia del virus, se utilice la contención de fuerza policial o militar frente a quienes se han visto en la penosa circunstancia de entrar al país bajo estas medidas que parecen haber surgido de un impulso para mostrar que se tiene poder.
Que bueno que la Asamblea tuvo la prudencia de reelaborar el Decreto de Emergencia, adecuando las disposiciones. Y que lamentable, que una mayoría, sin el PDC ni el FMLN, hayan establecido restricciones a los derechos y libertades consagradas en la Constitución; como una mera concesión política y a lo mejor creyendo que con eso acallarían las críticas de los que siempre atacan y atacarán a la Asamblea para complacer a su “líder”.
En manos de la ciudadanía está gran parte de la respuesta frente a la crisis, seguir las indicaciones biosanitarias a nivel personal, familiar, de comunidades en las instituciones y las empresas, en todas las colectividades.
Y quienes más requieren de nuestra comprensión y apoyo, los médicos y médicas, el personal de salud y administrativo de los centros de salud. Ojalá esta crisis contribuya a una mejor valoración social de su servicio. Esa es la clave, no las restricciones a nuestros derechos.
