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Rafael Cabrera
El estado salvadoreño representado por el gobierno del Profesor Salvador Sánchez Cerén y su gabinete está en la obligación de garantizar no solo la vida y seguridad jurídica del pueblo salvadoreño, medicine sino también la de garantizar las PENSIONES DE LA CLASE TRABAJADORA EN GENERAL.
La Constitución política en su Art. 101 reza: “el orden económico debe responder esencialmente a principios de Justicia Social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna” y el Art. 102 reza: “Se garantiza la libertad económica en lo QUE NO SE OPONGA AL SISTEMA SOCIAL”.
Pero la carcoma de la corrupción se apoderó del Estado Salvadoreño desde junio de 1989, buy cialis y en el año de 1996, viagra en la Administración del Doctor Armando Calderón Sol, con el montaje de UN SHOW PROPAGANDÍSTICO, por Decreto de ley se dio vida a las Empresas Mercantiles AFP y se obligó a la mayoría de la clase trabajadora del RAMO DE PENSIONES desligándolas del SEGURO SOCIAL y de entrada dichas sociedades aplicaron al 2 ½% por ciento sobre el salario del trabajador de pretexto de cubrir COSTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS AHORROS, ejemplo de ello es que un trabajador con salario de $300.00 le aplicaron $7.50 de comisión.
Diez años después de estar operando las Administradoras de Pensiones conocidas como AFP, o sea, en el año 2006 salieron a la luz pública las primeras irregularidades relacionadas a la seguridad económica de las pensiones y como primera providencia crearon un fideicomiso previsional.
Sobre la problemática que se empezaba a vislumbrar sobre el RAMO DE PENSIONES un notable colega periodista que por cierto formaba parte de los primeros pensionados de las AFP con fecha 1º de Diciembre del año 2008, en COLATINO escribió, refiriéndose a la problemática del ramo de pensiones, lo siguiente:
“ESTE ARTÍCULO tiene por finalidad no solo hacer conciencia en las personas que nos hemos jubilado con las AFP para que nos interesemos más en conocer lo que está pasando con nuestros FONDO DE PENSIONES, sino también en la de generar una revisión por parte de los políticos responsables de la Ley de Privatización del Sistema de Pensiones (SAP), y del resto de sectores de nuestra sociedad, sobre las implicaciones que esta ley tiene sobre la vida de cientos de miles de ciudadanos a los que se nos está arrebatando con esta Ley, el Derecho a la seguridad económica de nuestra vejez”.
ES REALMENTE LAMENTABLE QUE NI LOS MISMOS PENSIONADOS SE DEN CUENTA QUE PARA MILES DE PENSIONADOS JUBILADOS CON UNA AFP, ANTES QUE ENTRARA EN VIGENCIA LA LEY DEL FIDEICOMISO Y LAS REFORMAS HECHAS A LA LEY DEL SISTEMA DE AHORROS PARA PENSIONADOS (SAP), APROBADAS EN SEPTIEMBRE DE 2006, LOS FONDOS QUE CONSTITUYEN SUS CUENTAS INDIVIDUALES QUE SON MANEJADAS POR LAS AFP, MEDIANTE UNA COMISIÓN, ESTÁN PAULATINAMENTE AGOTÁNDOSE, por lo tanto no tienen el carácter de vitalicias como los han hecho creer.
Ante lo anterior surgen entonces las siguientes preguntas: ¿Por qué si la Constitución de la República establece que todos los salvadoreños somos iguales ante la Ley, muchos miles de pensionados reciben un trato diferente y atentario a la seguridad económica de su vejez? ¿No tenemos todos derecho a una pensión vitalicia? ¿Es justo que por LEYES MAL ELABORADAS miles de pensionados pierdan este derecho?
Finalmente, quiero preguntar sobre el papel que las Administradoras del Fondo de Pensión están jugando, ya que dichas Empresas fueron creadas con la función de administrar los fondos de los pensionados y cotizantes a través de inversiones que generarían rentabilidad suficiente para los mismos ¿POR QUÉ LOS PENSIONADOS Y COTIZANTES DEBEMOS PAGAR UNA COMISIÓN QUE NO PAGAN NI LOS PENSIONADOS NI LO COTIZANTES DEL SISTEMA PÚBLICO POR UNA FUNCIÓN QUE LAS “AFP” NO ESTÁN CUMPLIENDO?
Las “AFP” se convierten así EN UN COSTO ADICIONAL que sobrellevamos pensionados y cotizantes, manteniendo empresas que prácticamente sin poner en riesgo sus propios recursos, estén obteniendo enormes ganancias. Ojalá que lo anterior motive a todos los Funcionarios responsables a la conducción de nuestro país, revisar a profundidad el sistema privatizado de Pensiones y hacer las correcciones necesarias para superar las desigualdades existentes.
Las reformas al RAMO DE PENSIONES tienen el carácter de urgente y es responsabilidad del Estado, el garantizar la seguridad económica de los actuales jubilados como los que están llegando a la edad de jubilación con un retiro digno.
