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Yaneth Estrada
@caricheop
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana afirmó, respecto a una la publicación de la revista Factum, que “los gastos del
Presidente Salvador Sánchez Cerén y los gastos de cuando era vicepresidente están completamente auditados. Esta publicación pretende dañar su imagen”.
Lorenzana enfatizó que en este tema, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha anunciado ningún tipo de acusación contra el actual Mandatario.
Lorenzana especificó en una entrevista televisiva que “todas las transferencias estatales se hacen desde la Asamblea Legislativa, atendiendo a las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia”. Asimismo, la misma nota afirma que el Presidente de la República nunca firmó el acta de transferencia de fondos ($19.5 millones), por la cual lo vinculan.
“La Fiscalía señala en su investigación que ni Funes ni Sánchez Cerén firmaban las actas de consejo de ministros en que se aprobaban estos fondos”, dice la extensa publicación en uno de sus párrafos.
El funcionario valoró que “los gastos reservados se convirtieron en una discusión de carácter político. Existe una normativa clara, respecto a su divulgación consignada en el Código Penal, estamos hablando de fondos públicos y la seguridad naciona”.
En 1998 se aprobó el Manual de Clasificación de Transacciones
Financieras del Sector Público y 1996 entró en vigencia la Ley de Administración Financiera del Estado (AFI), la cual norma y armoniza la gestión financiera del sector público. También están sujetas a las disposiciones de la Ley AFI todas las dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno, las instituciones y empresas estatales
de carácter autónomo, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Así como las entidades e instituciones que se costeen con fondos públicos o que reciban subvención o subsidio del Estado.
Partida secreta
Según un Informe de Gastos Reservados (1994-2010) publicado por Transparencia Activa, la partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República (antes conocida como Partida Secreta) existe desde 1946, pero se cuenta con datos hasta 1994. El documento detalla que el origen de los fondos que alimentan dicha partida cambió con el paso del tiempo, principalmente a partir de pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional.
En el pasado reciente, al menos desde 1994 hasta 2010, una de las fuentes de financiamiento era la transferencia de economías presupuestarias de entidades de distintos ramos de la Administración Pública al presupuesto de la Presidencia de la República. Sin embargo, a partir de la Sentencia de Inconstitucionalidad del 25 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia decretó que esas transferencias vulneraban el principio de reserva de ley presupuestaria.
Además, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) supervisa a las instituciones financieras del país para que cumplan con todas las normativas.
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