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El Grupo Diálogo Rural El Salvador (GDR) ha puesto en su agenda incidir en la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria, sovaldi sale acompañando a la sociedad civil, remedy academia y otros actores clave en este proceso, informó su secretaria técnica Ileana Gómez.
El GDR ha hecho parte de su agenda este tema por ser vinculante al desarrollo rural, y sostiene que en los últimos años la deficiencia en la disponibilidad de alimentos ha requerido tomar medidas institucionales para sobreponerse a una crisis económica que se deriva de múltiples causas, tales como la volatilidad de los precios del petróleo y la variabilidad climática que a su vez impacta todo el procesos de producción y comercialización de alimentos. Aunado a la baja producción y una estructura desigual de la tenencia de la tierra.
En ese marco, dijo Gómez es un reto para el GDR impulsar el diálogo social en este tema, estancado en el parlamento.
La soberanía y seguridad alimentaria, así como la agricultura orgánica, son parte de la agenda del GDR para 2014. El GDR pertenece al Proyecto regional Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, y tiene sus pares en México, Colombia y Ecuador. Su dinámica es reflexionar políticas públicas relacionadas al desarrollo rural. Este proyecto es apoyado por el Fondo Internacional de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agricultura (FIDA), y en El Salvador es coordinado por la Fundación Prisma.
En la reunión correspondiente al mes de marzo, el colectivo ha recibido insumos vinculados a la situación actual de la seguridad alimentaria en el país de parte Oxfam, que ha reiterado que la inseguridad alimentaria no es asunto de producción sino de poder, y se agudiza la carencia con el Cambio Climático y la feminización de la pobreza.
La presentación estuvo bajo responsabilidad de Ana Iris Martínez, representante de esa entidad, y en ese contexto destacó que el sistema alimentario del mundo descansa en 500 empresas multinacionales. Martínez, economista, urgió del GDR acciones de incidencia, apertura al diálogo a diferentes actores, sistematización de experiencias entre otras acciones encaminadas a fortalecer esa política pública.
Mientras tanto, Natalia Otamendi, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha insistido en la urgencia de esta normativa pero con un presupuesto claro “sino solo será una carta de buenas intenciones”, dijo.
Recientemente, se han sumado a esta mesa: AECID, Oxfam, la Confederación de Federaciones de Reforma Agraria de El Salvador (CONFRAS) y Visión Mundial.
Por su parte, Glayson Ferrari Dos Santos del FIDA, señaló que “la seguridad no es cantidad de alimentos, es un tema de derechos, ese es el punto central, hay que trabajar con los tomadores de decisiones e identificarlos quiénes son, y hacerlos nuestros aliados y proveerles información, invitar al diálogo a quienes les afecta la inseguridad y bajar el lenguaje”.
En 2011, en El Salvador se formuló la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que provee un marco institucional para atender el problema en cuestión, reconociendo que se trata de un derecho. La Asamblea Legislativa ha conocido de varias propuestas de ley desde diferentes sectores, y ha aterrizado en una sola que es la que actualmente se discute.
Para Carmen Medina, de CONFRAS, esta propuesta no se aprobará pronto pero hay que aprovechar coyunturas y seguir haciendo incidencia. Destacó que no se puede hablar de soberanía mientras se relega a las mujeres rurales o se consumen semillas transgénicas.
