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Diputados de la Asamblea Legislativa exoneraron el lunes de responsabilidad al ex ministro de Defensa, Atilio Benítez, contra quien la Fiscalía General había pedido un antejuicio para procesarlo judicialmente por el supuesto ilícito de tráfico ilegal de armas.
Los legisladores de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a excepción de los de la opositora ARENA, enviaron al archivo legislativo un requerimiento fiscal para procesar a Benítez por el supuesto ilícito que habría cometido cuando fungió como Viceministro de Defensa, en 2009.
La disposición fue apoyada por diputados del oficialismo y de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), mientras los legisladores del Partido de Concertación Nacional (PCN), anunciaron que consultarían con sus asesores el fallo elaborado por un equipo técnico del congreso.
Benítez habría cometido los delitos de Comercio Ilegal de Armas (Tráfico Ilegal de Armas), Actos Arbitrarios y Estafa, por presuntamente vender de manera “fraudulenta” unas 30 armas de uso privativo del ejército, según la Fiscalía.
“Algunas de estas armas provenían de la etapa de la guerra, entiendo que algunas fueron entregadas por el General (Orlando) Zepeda, y al final terminaron en el comercio de armas”, reveló el Fiscal General, Douglas Meléndez, cuando presentó el requerimiento al congreso, el mes pasado.
Zepeda fue Vice Ministro de Defensa y Jefe del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Armada durante el pasado conflicto armado (1980-1992).
En la actualidad, el ex alto Jefe Militar se encuentra prófugo, luego de que un juez español pidiera su extradición a España por su presunto vínculo, junto a otros 17 militares más, en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas, en 1989, ataque en el que también murieron un religioso y dos empleadas domésticas salvadoreños.
Incumplimiento de requisitos
Los diputados basaron su decisión en que el pedido fiscal incumple dos de los seis requisitos procesales penales para abrir un antejuicio a un funcionario que goce de fuero, como Benítez, por su investidura como Embajador de El Salvador en Alemania.
En su resolución, los parlamentarios explicaron que el requerimiento fiscal no establece el plazo para la instrucción del proceso y tampoco especifica si habrá Acción Civil contra el indiciado.
Otra vez la Sala
Los legisladores recordaron que los requisitos para abrir antejuicios a funcionarios fueron impuestos por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que quitó esa facultad al congreso y la delegó exclusivamente a la Fiscalía General.
Jackeline Rivera, legisladora por el FMLN, dijo, al respecto, que las atribuciones de abrir antejuicios a funcionarios fueron trasladadas por la Sala de lo Constitucional a la Fiscalía General, cuando el congreso decidió investigar la elección de dos de sus Magistrados, Belarmino Jaime y Rodolfo González.
El fallo legislativo de enviar al archivo el caso de Benítez no fue avalado por los legisladores de la opositora ARENA, quienes abandonaron la sesión y acusaron al oficialismo y a la GANA, de haber tomado una “decisión política”.
ARENA en contra
“Los argumentos son bastante jalados, aquí vamos a continuar con la impunidad”, exclamó el legislador de ARENA, Rolando Alvarenga, al conocer la decisión de sus colegas de enviar al archivo el caso del General Benítez.
Alvarenga afirmó que los “requisitos se cumplen” para que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales creara una Comisión de Antejuicio que determinaría si procedía desaforar al diplomático salvadoreño para ser procesado judicialmente.
“Soy inocente”
Benítez, sin embargo, se ha declarado “inocente” de los cargos que le imputa la Fiscalía.
“Me pongo a disposición, tanto del Señor Fiscal, como de los señores diputados de la Asamblea Legislativa, para cualquier consulta que haya para mi persona”, dijo el diplomático el mes pasado, cuando llegó al país para gozar de sus “vacaciones”.
