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Luis Armando González
Hasta 2009, en El Salvador, las gestiones de gobierno fueron renuentes a informar públicamente de sus acciones y, sobre todo, de sus manejos financieros. Venimos de una historia en la cual –por ejemplo, bajo los gobiernos militares— se aceptaba sin rechistar que quienes gobernaban (y más en general, controlaban el aparato del Estado) podían hacer lo que les viniera en gana con los recursos a su disposición. El secretismo y el misterio en las altas esferas del poder estatal eran la regla de oro. Y, a la par de ello, la discrecionalidad y la irracionalidad en el manejo de la cosa pública estaban a la orden del día, y por supuesto que nadie –desde las esferas de poder económico, por ejemplo— osaba cuestionar ese manejo ni mucho menos exigir transparencia y acceso a la información respectiva.
Los gobiernos de ARENA (1989-2009) continuaron con ese ejercicio de poder irracional y discrecional, amparado en el secretismo y el misterio. Nadie en las esferas empresariales exigió entonces transparencia o acceso a la información, por razones comprensibles: esos gobiernos, además de estar en función de los intereses de los ricos más ricos de El Salvador, administraron el Ejecutivo siguiendo de cerca lineamientos emanados de FUSADES y la ANEP. Es decir, se trató de co-gobiernos político-empresariales; y eso explica porqué desde el gran capital era imposible que existiera interés alguno en que se hicieran públicos unos manejos turbios de los recursos estatales, de los cuales ese gran capital era beneficiario directo.
Una moda perniciosa insiste en la corrupción como algo exclusivamente político. Nada más falaz que eso. En realidad, las redes de corrupción que se generaron en los 20 años de gobierno de ARENA involucraron a círculos políticos y empresariales en una amalgama de arreglos en los cuales lo que menos importaba era el bienestar de la sociedad. He aquí la explicación de porqué en esos momentos, desde los ambientes de derecha (y sus voceros mediáticos e intelectuales), el acceso a la información o la transparencia no aparecían en su discurso.
Lo que se hizo no sólo fue ocultar información, sino que se manipularon datos y cifras en las distintas áreas de gestión gubernamental. Tanta fue la manipulación de la información que, en los años noventa, lo menos confiable eran las cifras y datos emanados de fuentes oficiales, ya se tratara de la pobreza, la violencia o la economía.
Se ocultaba y se manipulaba la información porque lo que en realidad sucedía era que la sociedad salvadoreña iba al despeñadero en materia educativa, sanitaria, de infraestructura, medio ambiente, deterioro de la convivencia, pobreza y violencia social. Se ocultaba y manipulaba la información porque, sin importar el fracaso de la sociedad como proyecto de convivencia, había acuerdos público-privados cuyo objetivo era favorecer a los ricos más ricos de El Salvador, así como a dirigentes políticos de derecha (no sólo de ARENA) que se quedaban con una porción (no la mayor, ciertamente) del desfalco a la hacienda pública y al patrimonio nacional.
Estos acuerdos incluían asegurar a los ricos más ricos, desde la esfera política, la imposición de un esquema económico de carácter neoliberal (terciarizado, maquilero y remesero) en el que ellos iban a ser los principales gestores y beneficiarios.
Con el primer triunfo presidencial del FMLN, en 2009, ese andamiaje de ocultamiento y manipulación comenzó a desmoronarse, cuando se comenzaron a hacer públicos datos y cifras que revelaban no sólo manejos turbios de los recursos públicos (en salud e infraestructura, por ejemplo), sino deterioro evidente en rubros (como el educativo) en los cuales la propaganda de ARENA había proclamado éxitos inobjetables. Mecanismos de corrupción bien afianzados se pusieron en evidencia, una vez que la derecha dejó de controlar el Ejecutivo. Por supuesto que su respuesta no se hizo esperar, apropiándose de expresiones como “acceso a la información” y “transparencia” –que siempre le fueron ajenas—, usándolas desde 2014 como caballo de batalla en contra del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.
La capacidad de la derecha para torcer la realidad ha sido palmaria en esta materia, al igual que en otras. Porque si en algo se han dado pasos extraordinarios en El Salvador, desde 2014 en adelante, es en la disponibilidad de la sociedad a información de la gestión del Ejecutivo en todas las áreas que son de su competencia. Es cierto que los medios de derecha se han cerrado a divulgar datos y cifras emanados del gobierno (no sólo han ocultado esa información sino que han mal informado a partir de datos y cifras sin fundamento), pero pese a ello este último a usado todos los medios a su alcance para informar detallada y sistemáticamente de su gestión desde que esta comenzó el 1 de junio de 2014.
El Presidente Sánchez Cerén ha sido el primero en asumir esta tarea de rendición de cuentas permanente, principalmente en Gobernando con la Gente y en Casa Abierta, pero también en sus informes de fin de año. Por su parte, sus distintos gabinetes de gestión han hecho lo propio en sendas jornadas de trabajo en los meses de noviembre y diciembre, desde 2014 hasta 2017. Nadie, razonable, puede alegar que no se entera de lo que el gobierno hace con los recursos que le han sido asignados; nadie puede alegar que el gobierno no informa. Además, nunca como en esta administración, se han facilitado los mecanismos para que cualquier persona pueda acceder a la información pública, concerniente al Ejecutivo, que sea de su interés.
Ya se trate seguridad, economía, medio ambiente, infraestructura o inversión social, la información proporcionada por las fuentes de gobierno ha sido, desde 2014, permanente, sistemática y minuciosa. Acciones y obras realizadas, recursos utilizados, proyectos en desarrollo y proyecciones: de todo eso está debidamente sistematizado y al alcance de quien haya tenido (y tenga) la voluntad de informarse.
No se tiene noticias, en la historia reciente del país, de un gobierno que haya informado tanto (con datos y cifras en mano) de su gestión. Otra cosa es cómo los salvadoreños interiorizan e interpretan esa información. Pero esto no depende en última instancia del gobierno, sino de un contexto de comunicación más amplio en el cual las grandes empresas mediáticas de derecha –lo mismo que la cultura heredada— influyen en la forma cómo la gente asimila o interpreta lo que ve o escucha.
Desde criterios del respeto y salvaguarda del derecho a la información el gobierno del Presidente Sánchez Cerén ha cumplido extraordinariamente con esa obligación jurídica y política. Cualquier balance global de su gestión no deberá pasar por alto esta conquista democrática de la sociedad salvadoreña.
