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Federico Paredes Umaña1
Tania Molina Leddy2
Los convenios internacionales sobre tráfico ilícito de bienes culturales, de los cuales Guatemala y El Salvador son signatarios, así como las legislaciones nacionales en materia de patrimonio cultural, abrieron la vía, en los últimos meses del año 2016, para la repatriación de dos fragmentos de monumentos prehispánicos, procedentes de la región del Río de la Pasión (departamento de Petén, Guatemala) que se alojaban en el museo de la Fundación Tesak (Ciudad Delgado, El Salvador) y que Guatemala requirió por medio de los canales diplomáticos.
Éstos son fragmentos de estelas de la cultura Maya del período Clásico (aproximadamente entre el 600-900 d.C.). Las estelas mayas usualmente referencian los eventos políticos más destacados de la vida de los gobernantes, como su nacimiento, acceso al poder, celebraciones de inicio o fin de ciclo y lo hacen mediante cálculos de tiempo y enunciados formulados en un lenguaje muy distintivo. La escritura jeroglífica de cada región posee convenciones caligráficas y estilísticas particulares, lo que permite a los especialistas establecer su origen. Tal es el caso de los fragmentos de estela repatriados, no obstante la opinión editorial de El Diario de Hoy afirme lo contrario en su nota del 5 de octubre de 2016, titulada: ¿Deben entregarse objetos del Museo Pablo Tesak?.
Nos interesa hacer notar que el gobierno de Guatemala ha comprobado el origen de dichos fragmentos y se ha reclamado como dueño legítimo de los mismos, gracias a la documentación y el registro respectivo de las piezas y su inclusión como parte de los inventarios culturales de sitios arqueológicos, declarados como monumentos nacionales; precisamente, este es el recurso legal que obra en este caso.
Conviene recordar que los fragmentos referidos fueron saqueados por grupos de delincuentes organizados usando motosierras para removerlos de su ubicación original, proceso mediante el cual las estelas fueron mutiladas y destruidas. Los saqueadores son financiados a través una cadena de distribución que los vincula con coleccionistas de arte prehispánico, pues son estos últimos quienes compran las piezas procedentes de la destrucción de sitios arqueológicos.
De esta cara de la moneda es difícil hablar porque podría ofender la sensibilidad, y acaso también la disposición a invertir en estos rubros, de personas adineradas y de pensamiento progresista que, con buenas intenciones, abren al público proyectos educativos y exhibiciones de piezas antiguas. Nuestro propósito no es ofender a nadie, sino plantear una reflexión en torno a cómo se ha gestionado el patrimonio cultural de El Salvador, teniendo en cuenta que los gobiernos y sus leyes precarias han favorecido hasta hoy el saqueo, la destrucción, la propiedad privada y el monopolio de la interpretación, sobre bienes culturales que legítimamente pertenecen a las comunidades en particular, a la humanidad en general y en el caso de los sitios arqueológicos, principalmente a los pueblos indígenas.
Lo que proponemos aquí es examinar nuestras prácticas como sociedad en torno a los vestigios del pasado.
Destrucción del pasado y privatización
El caso de repatriación que abordamos como ejemplo es único en la historia entre Guatemala y El Salvador; este hecho ha despertado reacciones de editorialistas en periódicos digitales e impresos en favor del trabajo de la Fundación Tesak, sin embargo, nada ha sido dicho hasta la fecha por la Dirección Nacional de Protección del Patrimonio Cultural y Natural (DNPCyN) o por el gremio de arqueólogos del país.
Este caso se enmarca en el proceso de redefinición del papel del Estado en la gestión de la Cultura, con una recién aprobada primera Ley Nacional de Cultura, carente de un capítulo que integre y renueve la legislación vigente sobre el patrimonio cultural.
En este contexto, asumimos la necesidad de hacer algunas aclaraciones pertinentes al caso en cuestión pero, sobre todo, de aportar al debate acerca de cómo debemos gestionar el patrimonio cultural, a fin de establecer una ruta concreta que atienda de mejor manera nuestra relación con el pasado, una ruta que sustente el ejercicio de derechos culturales tradicionalmente negados a las poblaciones del país y presente alternativas concretas al paradigma que sostiene que las colecciones particulares hacen el trabajo mejor que el Estado.
En la columna de Lafitte Fernández titulada “No sean canallas con los Tesak” del 9 de octubre, publicada en un medio digital, el periodista menciona el trabajo del arqueólogo estadounidense Stanley Boggs, que vivió en El Salvador desde los años 40´s hasta su muerte en 1992 y que fue por décadas el referente en la arqueología de El Salvador. Boggs promovió la compra de zonas arqueológicas por el Estado salvadoreño, mismas que le dieron forma a algunos de los parques arqueológicos nacionales como Cihuatán, Tazumal y San Andrés. Según Laffite, Boggs también habría apoyado la conformación de la colección privada de piezas prehispánicas, exhibida en parte, en el Museo de la Fundación Pablo Tesak. ¿Es esto una contradicción? Boggs murió antes de ver la publicación en el diario oficial de la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural de 1993, misma que si bien avala el coleccionismo privado, también lo regula. Bajo este marco, no es posible justificar la tenencia ilegal de piezas arqueológicas argumentando el aval de Boggs.
Pero más allá de las imprecisiones del artículo citado, lo que nos llama la atención es que ayuda a evidenciar un modelo de gestión del patrimonio que se impuso vinculado a la tenencia de la tierra, fruto del proceso de conquista y colonización; modelo que, basado en la legitimación de la injusticia cometida hacia los pueblos indígenas, comenzó cada vez más a concentrar los bienes patrimoniales en manos privadas, incluidos los arqueológicos. Pasaron siglos antes del establecimiento de una ley que obliga al registro del patrimonio cultural en manos privadas, pero que en ningún caso aborda la vulneración de derechos culturales de los pueblos, generada a partir de los privilegios que otorga a quienes se han adueñado de los bienes patrimoniales.
No hace falta una revolución cultural maoísta ni una revolución cultural talibana para destruir el patrimonio cultural en Centroamérica. La revolución cultural capitalista nos ha ofrecido prácticas de destrucción, lotificaciones sobre sitios arqueológicos con silencios cómplices, saqueo, exportación ilícita, olvido y privatización que son perfectamente aceptadas en nuestra sociedad y que parecen no ser objeto de las reflexiones del editorialista de El Diario de Hoy, cuando lanza su apología del saqueo del patrimonio cultural de países del tercer mundo en favor de los países del primer mundo, o bien en favor de entidades locales que lo privatizan.
Debemos poner todo en su lugar, notando que la privatización del patrimonio cultural es causante directa de la desmemoria de nuestro país y fuente de afirmación simbólica de los procesos de dominación que sentaron las bases para las grandes brechas que dividen a “ricos y pobres” en la sociedad salvadoreña actual. Además, las colecciones particulares, no han sido accesibles durante la mayor parte del siglo XX a todos los miembros de nuestra sociedad, ni han contribuido a aportar los datos concretos para escribir la historia de este territorio y sus grupos humanos a través de los siglos, más bien han estado escondidas de los ojos de la mayoría de los ciudadanos.
A la fecha conviene destacar que existen pocos museos de arte prehispánico en El Salvador, y no es nuestra intención cuestionar su existencia, pues estamos convencidos de la importancia que tiene el que las evidencias materiales y simbólicas de nuestras culturas se conozcan y sirvan para reflexionar sobre nuestro pasado común y sobre nuestra configuración social y espiritual en el presente.
Lo que cuestionamos son las prácticas subyacentes en torno al manejo del patrimonio cultural y los discursos equivocados que se generan al exhibir en museos privados piezas saqueadas, sea esto en territorio nacional o en países vecinos, tan expuestos a este flagelo como nosotros mismos.
Centroamérica como región frente al saqueo del patrimonio cultural
El antecedente de repatriación en cuestión permite articular relaciones internacionales de ayuda mutua y reciprocidad. Guatemala es un punto neurálgico del tráfico ilícito de arte prehispánico en Centroamérica. Ahí se embarcan, por rutas clandestinas, cargamentos con productos de diversas procedencias hacia Estados Unidos. Si hemos dado el paso correcto de devolverle a Guatemala estas piezas -excepcionales para la reconstrucción de la historia de la cultura Maya- también debemos, como país, ser coherentes con las estrategias que permitan la documentación y salvaguarda del patrimonio cultural nacional.
Contradicciones de registro y oportunidades: El robo de la Cabeza de jaguar número 47
En el año 2015 se informó del robo del Monumento número 47 de la tradición Cabeza de Jaguar que pertenece a un grupo de 60 monumentos prehispánicos conocidos a la fecha, originarios de los actuales departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. De unos 23 siglos de antigüedad, estos monumentos son fundamentales para conocer la Zona Maya del Sur en el período preclásico y los aportes del territorio salvadoreño a la cultura mesoamericana. El monumento 47, tallado en piedra de basalto de unos 80 cm de altura y de peso considerable, se alojaba en una finca privada del caserío Las Cruces, municipio de Chalchuapa, a la intemperie. Su paradero es desconocido a la fecha, su robo sigue bajo investigación y poco sabemos de las gestiones de la FGR o de la DNPCyN para recuperarlo. Esto señala la dificultad que enfrenta el Estado en proveer un acceso expedito a la justicia, incluso cuando el caso vulnera los intereses mismos del Estado.
Este robo pone de relieve que la pieza sustraída estaba en manos privadas y sin la protección legal adecuada y evidencia la importancia de que el Estado tome medidas para establecer que El Salvador es el dueño legítimo, y no el propietario de la finca de donde fue robado el monumento.
Hacia la gestión participativa del patrimonio cultural
Hay un argumento fundamental: no podemos pedirle al Estado que deje de hacer su trabajo, como lo hacen los periodistas en los artículos mencionados. El Estado debe documentar y declarar el patrimonio cultural de El Salvador, permitiendo así la repatriación de monumentos robados en nuestro territorio. Pero más importante aún es que sea garante de que las comunidades que viven en, alrededor y sobre los vestigios antiguos tengan plena participación y apoyo en el proceso de identificación y valoración de su propio patrimonio, así como en el levantamiento de los registros, estableciendo mecanismos para que dicho proceso genere el ejercicio soberano sobre los mismos; para esto, hay que tener claro que las decisiones no pueden ser impuestas de arriba hacia abajo.
La arqueología social latinoamericana, iniciada en el último cuarto del siglo pasado a partir de las luchas de los movimientos sociales e impulsada por intelectuales comprometidos, aporta modelos de trabajo en donde las comunidades son los motores fundamentales del proceso de identificación y gestión del patrimonio local, proceso que por un lado evita el saqueo, pero también genera un tejido social renovado, organizado y en ejercicio de la soberanía local y regional. Estos objetivos no son particulares de la arqueología social, más bien responden a esquemas de organización territorial bajo el modelo de la democracia participativa.
Ejemplos efectivos de procesos de organización social a partir de la valoración comunitaria del patrimonio cultural existen desde hace años en El Salvador en distintas regiones del país, entre ellas, por ejemplo, el Bajo Lempa, donde la experiencia de gestión local de los bienes culturales y naturales ha contribuido, desde abajo, a formular políticas y programas locales, nacionales y regionales en áreas como la educación, la agricultura, el medio ambiente, posicionando los procesos culturales en la base del desarrollo territorial.
Pero este ejemplo, que es notable, no está aislado de una realidad concreta de transformación del Estado que busca trascender el modelo político excluyente, que concentra poder y recursos en manos de pocos, hacia un modelo de participación directa en la toma de decisiones estratégicas y la desconcentración de recursos, reconfigurando el mapa del poder en función de los intereses y necesidades de las grandes mayorías. El potencial del patrimonio cultural y su gestión comunitaria para el desarrollo territorial ofrece perspectivas que permiten imaginar y conseguir cambios reales en las prácticas y en los discursos sobre nuestra identidad.
Aspiramos a que la privatización del patrimonio cultural deje de verse como lo normal en nuestra sociedad, mientras construimos soluciones novedosas y soberanas que tiendan a empujar procesos de formulación de nuevas leyes y nuevas instituciones sociales y gubernamentales, en pro de la mejora concreta de la vida de las poblaciones.
A manera de cierre, es importante notar que los tratados internacionales si bien son herramientas efectivas para casos de litigios específicos, son insuficientes para generar los cambios de paradigma necesarios sobre cómo nuestra sociedad ha forjado su relación con el pasado en general, y su relación con el pasado prehispánico en particular.
La construcción de una sociedad nueva pasa por hacer cuentas con el pasado, con sus verdades históricas, y esto no es posible sin el acceso a la información real. En tal sentido la evidencia material (en este caso los artefactos arqueológicos) recuperan su verdadero valor pues sólo al saber en colectivo de dónde venimos es que podemos plantearnos cómo queremos el presente y el futuro.
1Arqueólogo, profesor de antropología del Centro de Estudios Antropológicos UNAM y Director del Proyecto Arqueológico Cabezas de Jaguar
2Educadora Popular y Gestora Cultural, actualmente Colaboradora Técnica del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.
